Copronaf se expresó sobre la edad de punibilidad

Desde el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copronaf) se redactó este viernes un informe que sintetiza las instancias del debate, cuya conclusión principal es reforzar el compromiso con el trabajo diario de contención y acompañamiento que se realiza en la Provincia, procurando la protección integral de la niñez y adolescencia. 

Mediante encuentros virtuales, 14 consejeros ratificaron la plena vigencia de la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Las instancias virtuales finalizaron esta semana y congregaron a referentes de diversos organismos estatales y no estatales, dejando un fructífero intercambio de opiniones como parte del debate sobre el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que se presentó en el Congreso de la Nación.

Se argumentó que tal modificación sería inconstitucional al no ajustarse a los estándares internacionales de Derechos Humanos, apartándose del principio de no regresividad y vulnerando el principio del Interés Superior del Niño. 

El Foro reafirma que en casos en que un niño, niña o adolescente sea imputado por la presunta comisión de un delito, el Estado debe aplicar, prioritariamente y considerando su situación de vulnerabilidad, políticas de promoción y protección de derechos. 

Como es de público conocimiento, el proyecto de Ley, en materia penal juvenil,  presentado por el gobierno de la Nación, promueve bajar la edad de punibilidad (de los 16 años a 13 o 14 años) como una solución para reducir la violencia criminal.

“La reducción de la edad de imputabilidad no representa una solución a las múltiples causas de la inseguridad en nuestra sociedad. Por el contrario, esta medida sólo acarrearía consecuencias negativas para los niños, niñas y adolescentes, atacando toda política pública restaurativa e inclusiva”, remarca el documento. 

Y agrega que “la baja de edad de punibilidad no instituye una respuesta cierta ni efectiva, ni legítima frente a los conflictos que incluyen a adolescentes, sino que, en forma paradójica, socava procesos de vulnerabilidad, supresión y estigmatización social”. 

La provincia del Neuquén, con la ley 2302 (que lleva unos 25 años de su sanción) ha sido pionera en su legislación interna al respecto, respetando tratados y acuerdos internacionales que son parte de la constitución nacional y brindando protección de derechos al establecer un sistema de justicia especializada y arresto excepcional. Ratificar su plena vigencia es fundamental en estos momentos.