Marcela Barrientos
El diputado Carlos Coyola, de Hacemos Neuquén, presentó la iniciativa que busca controlar el uso excesivo de estos dispositivos en el ámbito escolar. Según Coyola, aunque la tecnología es una herramienta valiosa, su abuso en las aulas está afectando la concentración y el rendimiento de los estudiantes.
“El uso de la tecnología debe ser correctamente aprovechado, pero no podemos ignorar el impacto negativo que tiene cuando se usa sin control. Todos coincidimos en que hay un exceso y que es necesario un tipo de restricción para evitar que los alumnos se dispersen en clase”, explicó el diputado en comunicación con Mañanas en Red.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la consulta a los actores involucrados en el sistema educativo, como el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Educación y el gremio docente ATEN, para escuchar sus opiniones sobre la mejor forma de implementar estas restricciones. «Es fundamental que quienes están al frente del aula sean escuchados», enfatizó Coyola.
Durante la discusión en la comisión, surgió la posibilidad de extender la medida a los docentes, a lo que Coyola expresó que si bien los alumnos son el foco principal, no se descarta evaluar también restricciones para los maestros, con el fin de dar el ejemplo y mantener un ambiente coherente dentro del aula.
El proyecto inicial de Coyola se enfocaba en los niveles inicial y primario, ya que se entiende que los estudiantes más jóvenes son más vulnerables a las distracciones. Sin embargo, se unificó con otra propuesta del diputado Gas, que amplía la medida a los tres niveles educativos, incluyendo el secundario.
En cuanto al uso académico de los celulares, Coyola destacó que no se busca una prohibición total, sino un control que permita aprovechar la tecnología de manera positiva. “El objetivo es que el dispositivo se utilice exclusivamente con fines académicos, y que los padres sean notificados con anticipación cuando esto ocurra”, comentó.
Coyola también mencionó experiencias recientes en otras provincias, como San Juan, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya se han implementado normativas similares, aunque aclaró que aún es temprano para evaluar los resultados de estas iniciativas.
“La idea no es generar conflictos en la comunidad educativa, sino proporcionar una herramienta jurídica que permita a los docentes controlar el uso de celulares sin generar tensiones. Si contamos con un marco legal claro, será más fácil su implementación y aceptación”, concluyó el diputado.
El debate continúa en las próximas semanas, donde se espera la participación de más actores del ámbito educativo para definir los detalles de esta regulación que podría cambiar la dinámica en las aulas de Neuquén.
