Avanza proyecto para exigir exámenes toxicológicos a funcionarios de los tres Poderes del Estado

El debate estuvo marcado por diferencias sobre la periodicidad de los estudios, el alcance de los cargos involucrados y las sanciones ante un resultado positivo, tanto en la prueba inicial como en la contraprueba.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) precisó que, ante un resultado positivo confirmado, se aplicará la suspensión inmediata sin goce de sueldo, y la remoción del cargo si la situación persiste, respetando los procedimientos de cada Poder establecidos en la Constitución Provincial.

Marcelo Bermúdez (PRO–NCN) cuestionó que se contemple una suspensión previa, y reclamó que la norma garantice directamente la destitución en estos casos. En cambio, Federico Méndez (Comunidad) advirtió posibles problemas de constitucionalidad y pidió que el Ministerio de Salud defina aspectos técnicos como las sustancias a detectar y el tiempo que permanecen en el organismo, para fijar con precisión los plazos de contraprueba.

La propuesta contempla la realización anual de los estudios, de manera aleatoria y autofinanciada por cada funcionario, aunque Darío Peralta solicitó que se efectúen al menos dos veces por año. La contraprueba, fijada inicialmente en cinco días desde el primer resultado, podría modificarse durante el tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A).

En cuanto al alcance, la redacción actual incluye al gobernador, ministros, diputados, magistrados, fiscales, defensores, miembros del Tribunal de Cuentas, consejeros de la Magistratura y directores generales, entre otros. Bermúdez pidió reducirlo solo a funcionarios con rango de secretario hacia arriba.

Se eliminó la posibilidad de exigir estos estudios a candidatos, y se faculta al Ejecutivo a designar la Autoridad de Aplicación. La medida regirá tanto para acceder como para permanecer en el cargo, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de la función pública, libre de sustancias psicotrópicas ilegales.

El proyecto seguirá su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).