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Por ley, instituyen la “Semana de la Memoria” en la provincia

La Cámara aprobó hoy, por unanimidad, la ley 3328 que instituye la semana que comprende al 24 de marzo como “Semana de la Memoria”. La norma se orienta a concretar siete días de jornadas de reflexión sobre la defensa de los Derechos Humanos, la democracia y las libertades ciudadanas

Legislatura 24/03/2022 Marcela Barrientos Marcela Barrientos

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La ley 3328 que instituye la semana del 17 al 24 de marzo de cada año como la “Semana de la Memoria” implica que, durante esos días, el Estado neuquino provincial deberá impulsar acciones y políticas públicas orientadas a fomentar la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Al fundamentar la propuesta, la diputada Lorena Abdala (MPN) sostuvo que la iniciativa surgió ante las recurrentes manifestaciones “antidemocráticas y negacionistas” que suelen tener lugar en esta época. Enumeró otras normativas orientadas a contribuir a la “reflexión y al análisis crítico” de las consecuencias de la dictadura “más atroz” que sufrió el país. “El objetivo es lograr una cultura basada en la defensa de los Derechos Humanos”, indicó la legisladora, quien destacó además el accionar de organismos en la materia y pidió “tener memoria y apoyar más que nunca el ‘Nunca Más’”.

A su turno, Lucas Castelli (Avanzar) dijo que “se trata de instancias para hacer el principal hincapié en el compromiso de la defensa de los Derechos Humanos”.

En igual sentido, se aprobó la declaración de interés del Poder Legislativo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de las víctimas de la dictadura cívico-militar de 1976 –3235-. Al respecto, César Gass (JC) convocó a no claudicar en “el ejercicio de la memoria” y dijo que, en esa instancia, los gobiernos políticos y las fuerzas opositoras deben confluir en la conmemoración de la fecha y en protección de la democracia.

En el Apartado de Otros Asuntos, legisladores y legisladoras desde el FIT, PTS-FIT, FT y Juntos por el Cambio también se pronunciaron en contra del terrorismo de Estado instaurado en el ’76 y los crímenes de lesa humanidad, en defensa de los Derechos Humanos y del régimen democrático.

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La iniciativa exceptúa a las actividades de quema consideradas en la ley 3305, de protección ambiental para control de esas actividades, y a establecimientos autorizados como campamentos administrados por prestadores turísticos habilitados. A la vez, establece sanciones por incumplimiento.

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