Marcela Barrientos
Como parte del debate sobre el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad que se presentó en el Congreso de la Nación, se realizó un nuevo encuentro virtual del Foro Participativo. Según se informó desde el ministerio de Gobierno, esta instancia -que congregó a referentes de diversos organismos estatales y no estatales- se caracterizó por un fructífero intercambio de opiniones.
El encuentro culminó con la ratificación de la plena vigencia de la Ley Provincial 2302 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
El carácter participativo de este Foro es fundamental, ya que permite recoger una pluralidad de voces y perspectivas para abordar una temática tan sensible como lo es el régimen penal juvenil. La conclusión principal de este encuentro refuerza el compromiso con el trabajo diario de contención y acompañamiento que se realiza en la provincia, procurando la protección integral de la niñez y adolescencia.
Durante las deliberaciones, se puso de manifiesto la necesidad de reformar el Régimen Penal de la Minoridad (Ley Nacional N° 22.278), sancionado en 1980, por considerarlo anacrónico y no representativo de la realidad actual.
En este sentido, el Foro se pronunció de manera unánime en contra de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad (de los 16 años a 13 o 14 años). Se argumentó que tal modificación sería inconstitucional al no ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos, apartándose del principio de no regresividad y vulnerando el principio del Interés Superior del Niño.
Se coincidió en que la reducción de la edad de imputabilidad no representa una solución a las múltiples causas de la inseguridad en nuestra sociedad. Por el contrario, se advirtió que esta medida solo acarrearía consecuencias negativas para los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Además, se destacó que, históricamente, la aplicación exclusiva de respuestas punitivas no ha demostrado ser efectiva para la prevención del delito ni para la disminución de sus índices.
El Foro reafirma que en casos en que un niño, niña o adolescente sea imputado por la presunta comisión de un delito, el Estado debe aplicar, prioritariamente y considerando su situación de vulnerabilidad, políticas de promoción y protección de derechos.
