Marcela Barrientos
El articulado establece el juicio abreviado exprés para los casos que tengan a un niño, niña o adolescente como autor del hecho delictivo, al tiempo que determina que la familia deberá hacerse cargo de los honorarios de los abogados de la familia de la víctima.
A la vez, fija distintas penas para los diferentes tipos de delito cometidos por una persona de once años o más de edad. Así, para los casos de participación en un robo se prevé un embargo de siete millones de pesos a la familia del delincuente o una pena mínima de seis años en prisión.
En caso de cometer el delito de muerte, el embrago será de 27 millones de pesos o una pena a cumplir en prisión, tanto para el niño o niña como para sus progenitores o familiares directos en caso de no poseer madre y padre. Para aquellos casos en los que, además, se compruebe la existencia de consumo de estupefacientes, el embargo ascenderá a 50 millones o su equivalente en bienes a la familia en caso de no poder afrontarlo.
Para los casos en los que quien delinque se resista o escape de la policía e intente impedir así su detención, se prevé –tras el juicio abreviado- un embargo de bienes por un millón de pesos o una pena de un año de prisión por resistirse a la autoridad.
Finalmente, el articulado refiere a los casos de menores de edad extranjeros que cometieran algún delito, para lo que prevé un embargo también monetario y la expulsión del país de la familia.
Los fundamentos mencionan que la iniciativa surge de la necesidad actual de “terminar la puerta transitoria giratoria” para personas que cometen delitos y que, por estar dentro de la franja etaria de imputabilidad, no pueden ser condenados, sostiene Pérez Castillo, quien agrega que “a los 11 años, una persona ya sabe lo que hace”. Refiere, además, a los antecedentes que –según afirma- suelen poseer los niños, niñas o adolescentes que delinquen, al tiempo que menciona la gravedad de aquellos hechos en los que el acto termina con la muerte de la víctima.
Más adelante asegura que el objetivo de la propuesta “no es llenar las cárceles de menores de 18 años” sino impulsar un mecanismo de embargo alternativo y que, en caso de no poder afrontar las sumas sugeridas, quienes cometan el delito cumplan pena en “la cárcel común”.
El proyecto de ley (16641) ingresó por Mesa de Entradas el 17 de abril.
