Por pedido del fiscal del caso Hernán Scordo y del asistente letrado Federico Surá, C. J. S. fue condenado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión por tener un arma de guerra sin su debida autorización. El monto fue unificado con otra condena que tenía, en un total de 7 años y 6 meses.
Judiciales04/04/2025
Marcela Barrientos
En febrero de este año, S. fue declarado responsable por el delito de tenencia ilegítima de arma de guerra, por un hecho que ocurrió el 23 de marzo de 2024, a las 18, en la localidad de San Martín de los Andes, en la que el imputado tenía, sin la debida autorización legal, un arma de guerra.
El pasado 31 de marzo y 1 de abril se realizaron las audiencias de cesura de la pena, en la que la fiscalía requirió la pena de 2 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento.
Luego de escuchar a las partes, el tribunal conformado por los jueces Nazareno Eulogio, Federico Sommer y Juan Pablo Balderrama, hizo lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que no fue controvertido por la defensa, y condenó a S. a la pena de 2 años y 6 meses de prisión.
Unificación de penas
En segundo término, las partes discutieron la pena final que le corresponderá cumplir, teniendo en cuenta que al momento de cometer el hecho, el acusado estaba cumpliendo una pena, desde el 2020.
En ese contexto, Surá indicó que en el 2019, S. fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°1 de Neuquén, a seis años de prisión, por tráfico de estupefacientes: uno en calidad de tenencia para comercialización y otro en calidad de transporte.
Agregó, que estamos frente a un caso de unificación de penas, “un delito cometido con posterioridad a la firmeza de una condena por un delito anterior, cuya ejecución no está finalizada, es decir que el imputado se encuentra en cumplimiento de la pena”, indicó Sura.
La fiscalía manifestó que la escala penal sobre la que se debe partir, empieza con un mínimo de 5 años, por el delito de tráfico de estupefacientes, y llega a 50 años. “Tenemos la pena de 6 años de prisión y la nueva pena de 2 años y medio, unificando ambas penas solicitamos 8 años de prisión”, señaló el asistente letrado, quien junto al fiscal, pidió la declaración de primera reincidencia del imputado.
“Tenía un cumplimiento parcial de la pena que se le había impuesto; es por esto que a la pena de 2 años y 6 meses debe acompañarlo la declaración de reincidencia y la unificación de pena”, indicó el asistente de la fiscalía.
Por su parte, la defensa se opuso a la declaración de reincidencia y planteó que debía unificarse sólo el tiempo que restaba cumplir de la pena, solicitando la aplicación de la pena única de 2 años y medio de prisión efectiva.
“Nuestro sistema argentino tiene el régimen de pena, en el que una misma persona no puede estar cumpliendo dos penas a la vez, tiene que cumplir una única pena y hay que unificarla”, indicó el tribunal, quien luego de deliberar, resolvió imponer la pena única de 7 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento y declaró la primera reincidencia de S.
El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un hombre por estafar a una mujer por un monto de USD125.000, mediante el denominado “cuento del tío” y en la ciudad de San Martín de los Andes.
Las variantes en el sistema se reflejaron con mayor presencia docente en las aulas. Representó cerca de 470 mil días menos usados en licencias respecto a 2024, contribuyendo a la mejora del sistema educativo.
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El hecho ocurrió el 14 de diciembre a las 8 de la mañana en el barrio Parque Sur, donde el acusado por la Fiscalía local, R.M.C, intentó asesinar a un hombre con un cuchillo tipo tramontina.
Este mediodía, un tribunal integrado por los jueces Federico Sommer, Maximiliano Bagnat y Diego Chavarría Ruiz condenó a Beatriz Cayún a ocho años de prisión por el delito de incendio seguido de muerte.
Se formularon cargos a 9 personas por integrar una banda que se dedicaba a la venta de marihuana y cocaína en la ciudad de San Martín de los Andes, y que tenía un integrante que operaba desde una comisaría en la que está detenido. Cuatro de los imputados están con prisión domiciliaria por el hecho de Homicidio con ensañamiento ocurrido en le barrio Gobernadores Neuquinos.
La mujer domiciliada en el barrio Gobernadores Neuquinos, que fue protagonista junto a otros acusados, de intentar asesinar a un hombre, luego de torturarlo, fue interceptada por personal policial, caminando por las calles del barrio.
La investigación se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes. Según se indicó oportunamente, es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo, y por esa razón, el fiscal jefe continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
El caso pasó dos veces por instancia de mediación sin que se llegara a un acuerdo, por lo que finalmente se avanzó hacia la formulación de cargos.
El juez de Familia de San Martín de los Andes, Luciano Zani, admitió una acción interpuesta por una mujer y su hija adolescente, y dictó la privación de la responsabilidad parental del padre de la niña.
Un hombre de 33 años falleció este jueves tras ingresar en paro cardiorrespiratorio al Hospital Heller. El caso se suma a las muertes recientes vinculadas a sustancias adulteradas y ya está en manos de la justicia.
En Año Nuevo, del mismo modo que en Navidad, habrá guardias operativas y técnicas para garantizar servicios esenciales y números oficiales para hacer consultas o denuncias.
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Este fin de semana quedaron en funcionamiento las 34 farolas con luces LED que una cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas instaló en la senda que el Municipio construye paralela a la Ruta Nacional 40, entre el supermercado La Anónima y callejón de Bello.
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Las leyes nacionales N° 24.959 de zonas de desastre y N° 26.509 de emergencia agropecuaria, así como los decretos y resoluciones complementarios, establecen los mecanismos para determinar las herramientas de asistencia a productores y sus alcances en las zonas afectadas, a partir de solicitudes que hayan realizado las provincias.
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Es para reducir la cantidad de niños y niñas que son susceptibles de contraer sarampión, rubéola y paperas.
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