Marcela Barrientos
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno vetará la ley que dispone un aumento para jubilados y la restitución de la moratoria previsional. La norma fue aprobada en Diputados con respaldo opositor y será tratada en el Senado.
Francos criticó a los legisladores que apoyaron el proyecto y sostuvo que representa “un nivel de irresponsabilidad política muy grande”. También planteó que “el equilibrio fiscal no es negociable” y que el sistema previsional actual es “insostenible”.
Según detalló, hay más de cinco millones de jubilados, pero solo 1,8 millones accedieron con aportes. El resto obtuvo el beneficio mediante mecanismos especiales impulsados por gobiernos anteriores. “¿De dónde piensan que salen los fondos?”, cuestionó en diálogo con Radio Mitre.
La postura del Gobierno
Francos acusó a los legisladores de intentar “horadar al Gobierno rompiendo el equilibrio fiscal” y consideró que el Congreso “expresa sensibilidad de una manera que el Estado no puede asumir”. Adelantó que buscarán frenar la ley en el Senado.
El funcionario también señaló que “el juego es dejar al Gobierno de tener que vetar la ley y mostrar ante los ojos de la opinión pública como insensible”. “Crueles son los que llevaron al país a esta situación”, sostuvo. “Vamos a hablar con los senadores y esperemos que lo entiendan o nos digan de dónde sacamos los fondos ¿o quieren que aumentemos los impuestos?”.
El debate por el aumento en las jubilaciones
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que establece un aumento del 7,2% en todas las jubilaciones y pensiones -excepto los regímenes especiales- y eleva el bono mensual de $70.000 a $110.000, con actualización automática por inflación. La medida fue aprobada con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones.
La iniciativa fue respaldada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre e Independencia. En tanto, fue rechazada por La Libertad Avanza, el PRO y algunos bloques provinciales. La UCR optó por abstenerse.
Para contrarrestar el gasto que implicaría la iniciativa, la oposición incluyó en el proyecto una serie de medidas como la eliminación de exenciones impositivas -entre ellas el IVA para directores de empresas y Ganancias para sociedades de garantía recíproca-, el uso del ahorro generado por la eliminación de recargos del FMI, y la nacionalización de fondos de ACARA y CSA, además del redireccionamiento de partidas asignadas por DNU a la exSIDE.
En términos de impacto fiscal, se estima que el aumento del bono a $110.000 implicaría un costo equivalente al 0,26% del PBI. Este número surge como un punto intermedio entre dos dictámenes previos: uno que proponía $105.000 (con un costo del 0,23% del PBI) y otro que planteaba $115.000 (0,30%).
Por su parte, el Ministerio de Economía proyectó que el ajuste del 7,2% en las jubilaciones y pensiones gestionadas por ANSES representará un costo fiscal de 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, lo que acumula un 0,7% del Producto Bruto Interno.
