El Senado rechazó el veto presidencial y sancionó la Ley de Financiamiento Universitario

En una sesión atravesada por la masiva movilización universitaria frente al Congreso, el Senado de la Nación aprobó este jueves la Ley de Financiamiento Universitario, al insistir con la norma que había sido vetada por el presidente Javier Milei.

El proyecto obtuvo 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, superando con amplitud los dos tercios que establece la Constitución. De esta manera, el Ejecutivo queda obligado a promulgar la norma.

Cómo fue la votación

El respaldo provino de casi la totalidad de Unión por la Patria (33 de 34 senadores), 12 de los 13 radicales, legisladores provinciales de distintas bancadas y dos referentes del PRO: Guadalupe Tagliaferri y Luis Juez.

Los rechazos correspondieron a cinco senadores de La Libertad Avanza, a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y al formoseño Francisco Paoltroni. Entre las abstenciones se ubicaron Carolina Losada, Victoria Huala, Martín Goërling Lara y Alfredo De Ángeli.

Los puntos centrales de la ley

La nueva norma establece:

Actualización de partidas para universidades, hospitales universitarios, ciencia y extensión, en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC), desde enero de 2025.

Ajustes bimestrales del presupuesto universitario durante todo el año.

Recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023, equivalente al IPC acumulado, con incorporación de sumas no remunerativas al básico.

Actualización de becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería, según inflación y aumento de matrícula.
Control de la Auditoría General de la Nación, con informes periódicos al Congreso.

Garantía de recursos presupuestarios sin afectar la coparticipación ni los aportes del Tesoro a las provincias.

Tercer veto revertido

Se trata del tercer veto presidencial rechazado por el Congreso en lo que va del año, después de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Emergencia Pediátrica del Hospital Garrahan.

Con la sanción definitiva de esta ley, el sistema universitario obtiene un esquema de financiamiento actualizado y bajo control parlamentario, en medio de un fuerte reclamo social por la situación presupuestaria de la educación pública.