Marcela Barrientos
El acusado es D.A.A, quien fue detenido durante un allanamiento realizado con la Policía provincial en la vivienda en la que vive. Luego de que el juez Eduardo Egea tuviera por formulados los cargos, los representantes de la fiscalía le solicitaron que le impusiera una prisión preventiva, principalmente con el objetivo de contrarrestar el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación: “la presencia del imputado, en libertad, generaría en los testigos una falta de libertad para que puedan contar lo que vieron”, fundamentó el fiscal Scordo, en referencia a que se trata de vecinos del imputado.
El asistente letrado le atribuyó a D.A.A que durante un allanamiento realizado el 13 de mayo en una casilla en la que vive, construida en un sector de espacio verde de un monoblock del barrio Gobernadores Neuquinos de San Martín de los Andes, se hallaron sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, envoltorios, sustancias de estiramiento, soportes papel con anotaciones varias vinculadas al comercio de estupefacientes y un arma de fuego.
En total, en la casilla y en un vehículo había $673.100; 60 gramos de marihuana fraccionados en cuatro presentaciones diferentes y otros 5 gramos en cuatro cigarrillos de armado artesanal; dos envoltorios de nylon negro con 5 gramos de cocaína; dos cuchillos con restos de cocaína; tres libretas con anotaciones vinculadas con la venta de drogas; una bolsa de bicarbonato de sodio; recortes de nylon de diferentes colores y tamaños; tres celulares y una cámara de seguridad.
En el mismo operativo se encontró un arma de fuego tipo carabina, calibre 22, sin numeración visible y para la cual el imputado no contaba con autorización legal.
Scordo y Sura encuadraron los hechos en los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil, ambos en calidad de autor y en concurso real entre sí (artículo 5, inciso “c” de la Ley 23.737, en función del artículo 1 de la Ley provincial 3.488; 189 bis, inciso “2”, primer párrafo; 45 y 55 del Código Penal).
Al momento de resolver, el magistrado tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación en 2 meses, pero rechazó la prisión preventiva. Afirmó que se trata de “la última medida dentro del catálogo de medidas de coerción que propone el Código Procesal Penal de Neuquén”.
Como consideró necesario preservar la investigación y los testimonios, el juez indicó que el imputado no podrá hablar con nadie sobre los hechos que investiga la fiscalía. También ordenó su liberación, pero con la obligación de presentarse todos los viernes en la comisaría más cercana. Además, dispuso que la policía deberá realizar rondines periódicos para garantizar la seguridad en el barrio.
