El fiscal del caso Hernán Scordo pidió a un juez que declare la responsabilidad penal de una mujer que a fines de marzo intentó robar mercadería en una pizzería de San Martín de los Andes.
Judiciales08/05/2025
Marcela Barrientos
Se trata de M.L.G, quien fue atrapada en flagrancia. A instancias del fiscal Scordo y del asistente letrado Federico Surá, fue juzgada ayer mediante un juicio directo: se trata de un sistema que permite que, en los casos en los que la investigación se cierra en los primeros momentos y cuando no restan medidas por realizar, se pueda avanzar en el proceso y resolver en poco tiempo si la persona es declarada responsable o no.
El 29 de marzo de 2025, a las 23:30, M.L.G ingresó a una pizzería ubicada en el barrio Los Radales de San Martín de los Andes y, utilizando un cuchillo, intentó robar mercadería. La víctima logró evitar el robo y obligó a la acusada a salir del local, donde fue detenida por la policía.
El hecho fue calificado como robo calificado por el uso de arma, en grado de tentativa y en calidad de autora (Artículos 166, inciso 2, primer párrafo; 45 y 42 del Código Penal).
Como la imputada fue capturada inmediatamente, cometió el hecho frente a testigos y la fiscalía concluyó la investigación en las primeras 24 horas, el fiscal del caso requirió la realización de un juicio directo.
Tras acordar la prueba que se iba a producir y los testimonios que las partes llevarían a la audiencia, el juicio se realizó ayer, a poco más de un mes del hecho, frente a un tribunal unipersonal representado por el juez Maximiliano Bagnat.
Al cerrar su intervención ante el juez, Scordo destacó los testimonios de los testigos presenciales, que relataron todo lo ocurrido, y luego los de los profesionales dieron su mirada respecto de la capacidad de comprensión de la imputada. “No discutimos la situación de vulnerabilidad”, refirió el fiscal, pero aclaró que la “historia vital” de la imputada no puede ser observada al momento de analizar su responsabilidad en los hechos, sino luego, cuando se deba determinar la pena.
Por su parte, la defensa planteó la inimputabilidad y absolución de M.L.G, y atribuyó su conducta a que al momento de los hechos no podía comprender lo que estaba haciendo. Tras cuestionar la figura del robo con arma, de manera subsidiaria pidió que, en caso de declararla responsable, sea por el delito de tentativa de hurto.
El magistrado anunció que mañana dará a conocer su resolución.
El juicio directo
El juicio directo es una herramienta que se incorporó al sistema penal con la reforma del Código Procesal Penal, en 2014. En un principio, para implementarse requería el acuerdo de la defensa del imputado, pero a partir de una reforma reciente, se eliminó el requisito: son los jueces y juezas quienes, ante el pedido fiscal, deciden si corresponde avanzar en ese sistema de juzgamiento, pensado para los hechos flagrantes y ante los delitos menos graves.
El caso pasó dos veces por instancia de mediación sin que se llegara a un acuerdo, por lo que finalmente se avanzó hacia la formulación de cargos.
El juez de Familia de San Martín de los Andes, Luciano Zani, admitió una acción interpuesta por una mujer y su hija adolescente, y dictó la privación de la responsabilidad parental del padre de la niña.
Se recogieron muestras que exponen que el transfemicidio se cometió allí, al igual que el uso del rodado del detenido para el descarte», detalló el fiscal Agustín García.
El equipo de la unidad fiscal de Delitos Económicos formalizó los cargos por enriquecimiento ilícito contra la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, amplió la acusación respecto de su hermano y exfuncionario del Poder Legislativo, Pablo Ruiz; e imputó a otras dos exfuncionarias de la Legislatura provincial.
La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, luego de que el año pasado anularan la absolución de cuatro guardaparques
El hecho ocurrió el 24 de diciembre de 2022, cuando la mujer hirió con un arma blanca a su pareja, Walter Vera, quien falleció a causa de las lesiones. En un primer juicio, realizado en agosto de 2024, había sido absuelta, pero esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Impugnación, que ordenó la realización de un nuevo debate.
En un juicio desarrollado los días 2 y 3 de octubre, se declaró la responsabilidad penal de D.A.C. por haber agredido y amenazado a su expareja, en octubre de 2024.
Un fallo judicial condenó a una empresa de San Martín de los Andes a indemnizar a una empleada que se consideró en situación de despido indirecto a raíz del maltrato que sufrió por parte de un superior jerárquico.
El imputado deberá cumplir 6 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual: el primero fue en 2022, cuando intentó besar y tocó en sus partes íntimas a una adolescente de su entorno cercano; y el segundo fue en agosto de 2024, cuando abusó sexualmente de la madre de su hijo.
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En el operativo se secuestraron 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos y 44.090 USDT. Hasta el momento hay nueve detenidos.
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