Lo hace al indicar que el dispositivo prevé instancias para prevenir, detectar y establecer modalidades de denuncia eficaces para garantizar su protección ante situaciones de violencia y vulnerabilidad. En ese sentido, incluye en su articulado una disposición para proteger y reservar la identidad del denunciante, en tanto que hace recaer en el Ministerio de Desarrollo Social la aplicación de la normativa.

En sus fundamentos, la iniciativa destacar que se debe legislar para que no haya más casos como el de Lucio en la Argentina. Al respecto, señala que el sistema funciona de manera errático y descoordinado y no logra garantizar el derecho pleno de niños, niñas y adolescentes. Sobre este punto, agrega que la norma pretende interpelar a todos los actores involucrados para que las garantías previstas se cumplan de manera efectiva y sin lugar para discrecionalidades.