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El Estado provincial avanza en la implementación del Protocolo para situaciones de violencia laboral en el Ejecutivo

El gobernador firmó hoy el decreto de la estructura de la Oficina de Violencia Laboral, prevista en el protocolo para la Prevención, Intervención y Protección en Situaciones de Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Política03/12/2022Marcela BarrientosMarcela Barrientos
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El gobernador Omar Gutiérrez firmó el decreto 2408 del 2 de diciembre de 2022 en el cual se establece la estructura, cantidad de equipos interdisciplinarios y designación del responsable a cargo de la Oficina de Intervención en Violencia Laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo.

Actualmente se está realizando la selección de los profesionales que conformarán los equipos interdisciplinarios con dedicación exclusiva, que serán los que actuarán en el tratamiento de cada caso particular, como también se procedió a la selección del personal de soporte de la administración del proceso. Además, se está acondicionando y equipando un inmueble para su futuro funcionamiento.

Asimismo, se encuentra en proceso de contratación la plataforma informática sobre la que se montará el esquema de tratamiento de denuncias, que incluye la identificación codificada de las mismas, la incorporación de las entrevistas posteriores y documentación inherente al caso, los informes elaborados por los equipos, y la posibilidad de seguimiento del trámite por parte de la persona denunciante.

La Oficina de Intervención en Violencia Laboral se crea en el marco del protocolo para situaciones de violencia laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo presentado en el mes de octubre por el gobernador Omar Gutiérrez junto con la Ministra de la Mujeres y Diversidades María Eugenia Ferrareso. Además, en ese mismo acto, se creó una Comisión de Prevención de la Violencia Laboral conformada por representantes de distintos organismos.

En cuanto a su rol, la Oficina de Intervención en Violencia Laboral podrá sugerir medidas en resguardo y protección de las personas afectadas, medidas dirigidas a las personas denunciadas, como así también prever estrategias de resolución ante situaciones conflictivas. Además, se contempla la articulación y derivación a otros poderes del Estado según corresponda.

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