Tres abogados denunciaron a Juan Cabandié, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, este martes en Comodoro Py por los presuntos delitos de “estrago por destrucción y abuso de autoridad” en relación al manejo de los incendios en Corrientes.

Lo acusan de haber retirado aviones hidrantes de esa provincia y no haberlos reintegrado. Funcionarios locales se lo habían solicitado de modo formal advirtiendo sobre la posibilidad de que se desataran incendios.

La denuncia se basa en un artículo del periodista Nicolás Wiñazki. En la nota, publicada en Clarín, sostuvo: “El 25 de febrero del 2021, hace casi un año, el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, le solicitó de modo formal al Ministerio de Medio Ambiente, al mando de Cabandié, que la Nación envíe a su provincia cuatro aviones hidrantes”.

La denuncia presentada por los abogados plantea que “corresponde investigar si el ministro de Ambiente se encuentra incurso en el delito tipificado en el artículo 188 del Código Penal por haber retirado los aviones”.

También se especifica que se debe averiguar “la posible comisión del delito tipificado en el artículo 249 del Código Penal, al no ejecutar, en tiempo oportuno, las obligaciones de asistencia a las provincias, en este caso, Corrientes, tal como se lo impone la ley”.

Asimismo, los denunciantes agregaron: “El gobernador de la Provincia de Corrientes ha confirmado una versión periodística, según la cual, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, a través de una conversación telefónica, le pidió que le solicitara a Mauricio Macri que dejara de expresarse en su contra”.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y Paulo Vitaver, cercanos a la coalición opositora Juntos por el Cambio. Quedó registrada con el número 507/2022 y recayó en el Juzgado Federal a cargo de Julián Ercolini.

El artículo 188 del Código Penal establece penas de uno a seis años de prisión para quien actúe “para impedir la extinción de un incendio, substrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida”.

En tanto, el otro delito denunciado, tipificado en el artículo 249 del Código Penal, prevé penas de un mes a dos años de prisión para el “funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.