Marcela Barrientos
La decisión fue adoptada a partir de un pedido de la defensa, que presentó informes oficiales respecto de la capacidad de las distintas comisarías y unidades de detención en la provincia, y a pesar de la oposición del fiscal jefe Gastón Ávila. Este último, por el contrario, solicitó mantener las prisiones preventivas vigentes.
La investigación se originó el 22 de agosto, cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes. Según se indicó oportunamente, es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo, y por esa razón, el fiscal jefe continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
Por este hecho hay tres varones imputados, M.Z, S.A.C, J.A.L, y una mujer, C.I.V. También participó una persona menor de edad y no punible, mientras que la mujer acusada continúa detenida en dependencias de la Policía Federal en San Martín de los Andes.
Tras el pedido de la defensa, la jueza Barbé ordenó que las detenciones se cumplan en domicilios previamente informados: dos en la ciudad de Neuquén y uno en San Martín de los Andes, con custodia policial permanente las 24 horas. También dispuso además una prohibición absoluta de contacto con la víctima y testigos, y que las personas acusadas no puedan salir de las viviendas, de la localidad, de la provincia ni del país.
“La medida de prisión preventiva sigue siendo procedente y los riesgos procesales están absolutamente vigentes –sostuvo la magistrada–. Pero de acuerdo con los informes oficiales, hoy en la provincia resulta de imposible cumplimiento en establecimientos de detención. No podemos ordenar una medida que no se puede llevar a cabo”.
Durante la audiencia, Ávila reafirmó la postura de la fiscalía y se opuso a modificar la medida de coerción. “Entendemos la emergencia carcelaria, pero eso no impide que se pueda disponer una prisión preventiva cuando existen riesgos procesales. De lo contrario, implicaría que ninguna persona que cometa un delito podría ser privada de su libertad durante el proceso”, sostuvo.
