Marcela Barrientos
La provincia de Neuquén dio un paso fundamental en materia de seguridad pública, con la reciente promulgación de las leyes aprobadas en junio por la Legislatura a partir de proyectos presentados por el Ejecutivo y por el interbloque legislativo Neuquinizate. Se trata de herramientas que dotarán de facultades a la policía y a la justicia para combatir el delito en general y el microtráfico en particular, un tema prioritario para la actual gestión de gobierno que, desde este año, se involucró de lleno en un tema que antes estaba a cargo de Nación.
Las leyes que fueron promulgadas por el gobernador Rolando Figueroa y se publicaron en el Boletín Oficial del 4 de julio son la 3514, conocida como ley de reiterancia; la 3515, que crea los Consejos de Seguridad Ciudadana Provincial y Regionales; y la 3517 que incorpora las denuncias anónimas de microtráfico, entre otras herramientas, en el Código Procesal Penal (CPP) de la provincia.
Dos de ellas fueron propuestas por el Poder Ejecutivo, con la convicción de que la comunidad exige de sus gobernantes no sólo compromiso con los temas que preocupan a la gente sino acciones concretas que ayuden a solucionarlos. El gobernador ha explicado varias veces por qué la provincia asumió una responsabilidad que estaba bajo la órbita federal al hablar sobre los impactos que genera el flagelo de los consumos problemáticos a escala social: no sólo por el delito en sí sino por la salud de las personas, la imposibilidad de acceder al empleo o la educación.
Desde que el microtráfico comenzó a abordarse a nivel provincial varias personas recibieron condena y, por la emergencia carcelaria heredada, el gobierno provincial avanza con obras para ampliar las unidades penitenciarias neuquinas. La cárcel de Senillosa, que fue construida con recursos provinciales y entregada a Nación, ha comenzado a recibir a algunas de esas personas, una medida que contribuye al objetivo común de lucha contra el microtráfico. Es esperable que más condenados por este motivo ingresen allí, teniendo en cuenta que el narcotráfico es un problema federal aunque la provincia haya decidido colaborar con la búsqueda de soluciones a este problema.
Las leyes promulgadas
En el caso de la ley 3514, establece, entre otros aspectos, incorporar la figura de la reiterancia delictiva como causal para el dictado de la prisión preventiva. La iniciativa fue impulsada por el bloque PRO-NCN, e implica una modificación en el Código Procesal Penal y busca acabar con un problema recurrente y que preocupa a la sociedad: la puerta giratoria, es decir, el ingreso y egreso permanente de quienes incurren reiteradamente en hechos delictivos.
Actualmente, se reconocen tres causales para solicitar que una persona sea detenida en forma preventiva: el peligro de fuga, el entorpecimiento de la investigación y la existencia de riesgo para la integridad de la víctima o de su familia. Esta ley suma una nueva causal fundada en la repetición de hechos delictivos que están en vías de juzgarse.
La ley 3515 crea el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (CPSC), como órgano de coordinación, planificación, enlace y ejecución de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana de la provincia. Estos órganos deberán recibir los relevamientos y diagnósticos sobre las causas y características del fenómeno delictivo que afecta la seguridad ciudadana en el ámbito de cada una de las regiones, el que debe ser realizado por cada Consejo de Seguridad Regional, y, en función de ellos, realizar un diagnóstico provincial que permita elaborar el cuadro de riesgo predelictivo para el diseño e implementación de estrategias y acciones integrales dirigidas a la prevención del delito a nivel provincial.
Deberá proponer programas y políticas integrales dirigidas a contribuir a la prevención del delito, la seguridad ciudadana y el mejoramiento del sistema policial; difundir los resultados de las investigaciones y realizar campañas de información y concientización a la ciudadanía sobre seguridad ciudadana y prevención del delito; implementar las políticas públicas que surjan de los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana; proponer anteproyectos de reforma legislativa en materias de su competencia; y, por último, favorecer el enlace interjurisdiccional para la articulación y coordinación de políticas preventivas entre las diferentes áreas de gobierno, y entre estas y el sector privado.
En el caso de la ley 3517, incorpora una serie de artículos, figuras y herramientas en el CPP de la provincia que apuntan a fortalecer el combate contra el microtráfico de drogas. Entre otros puntos, la ley habilita que las denuncias por microtráfico de droga pueden realizarse de manera anónima, por teléfono, comunicándose a un 0800 habilitado para ello; a través de un servicio web oficial; dejando la información en un buzón; o personalmente ante el fiscal o la policía.
Incorpora las técnicas especiales de investigación con el objetivo de brindar a la policía, fuerzas de seguridad y al Ministerio Público Fiscal las herramientas y facultades necesarias para ser aplicadas a la investigación de los delitos previstos en el artículo 34 de la Ley nacional 23.737 de Estupefacientes. De esta manera se crean las figuras del agente revelador y el informante. La aplicación de las técnicas especiales de investigación se rige por los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Por otro lado, habilita el allanamiento y el registro de morada, autorizado por el juez y en el horario permitido por la Constitución, y también podrá procederse a cualquier hora en los casos sumamente graves y urgentes y en las investigaciones por delitos de microtráfico de estupefacientes. En estos casos debe dejarse constancia de la situación en la resolución que acuerda el allanamiento. En los casos graves y urgentes, se debe exigir la presencia del fiscal responsable de la ejecución de la medida.
