Marcela Barrientos
En medio de un debate caliente, con acusaciones cruzadas entre Unión por la Patria (UP), el PRO y La Libertad Avanza (LLA), la Cámara de Diputados aprobó la ley de ficha limpia, iniciativa que busca que los dirigentes condenados en segunda instancia por la Justicia por hechos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos legislativos o ejecutivos.
El proyecto fue sancionado con 144 votos a favor, 98 en contra y dos abstenciones.
Desde entrada, apenas conseguido el quórum para sesionar, se picó el clima en el recinto. Mientras el diputado oficialista Nicolás Mayoraz explicaba los cambios al proyecto que aceptó LLA, se generó un fuerte entredicho entre el presidente de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la bancada de UP, Germán Martínez.
La confrontación continuó por varios minutos, a pesar de que Mayoraz seguía interviniendo con su discurso al informar los cambios en el proyecto de ley.
Minutos después, Martínez se quejó ante Menem de que estaba ingresando al recinto personas afines al oficialismo en la sesión. “Lo único falta es que tengan hinchada. Está entrando la gente a las gradas”, planteó, al solicitar su retiro del lugar. Uno de los presentes era Iñaki Gutiérrez, el joven libertario e influencer que estuvo a cargo de las redes sociales de Javier Milei.
Cambios en ficha limpia
Mayoraz leyó los cambios al dictamen de mayoría aceptados por el oficialismo. En el texto, se reformuló el proyecto, que elimina la idea del ministro de Defensa, Luis Petri, que ponía plazos de vigencia a las sentencias según sean años electorales o no electorales. Era una cláusula que implicaba _de acuerdo a los bloques dialoguistas como la UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal_ un mensaje que bajaría al Poder Judicial respecto de los tiempos electorales.
El proyecto de ficha limpia, impulsado inicialmente por el PRO y reformulado por el oficialismo, se convirtió ahora en una iniciativa emblema para el gobierno de Javier Milei, que a fines del año pasado lo hizo naufragar en Diputados con el argumento de que parecía estar dirigido solamente a Cristina Kirchner con la única finalidad de proscribirla. “No queremos que se victimice”, reforzó en ese entonces el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
