Marcela Barrientos
La medida también incluye el cese del cobro de la llamada "cuenta de jerarquización", concepto por el cual la titular de AFIP percibía más de 30 millones de pesos por mes, y los directores más de 17 millones de pesos mensuales. “Ahora van a pasar a cobrar sueldos equivalentes o equiparables a los que cobran los ministros o los secretarios de Estado”, precisó Adorni y agregó que “este organismo funcionó como una caja política” en el pasado, mientras que a partir de ahora “esa Argentina de la voracidad fiscal se terminó”.
En su habitual conferencia de prensa, Adorni informó que el Gobierno también decidió ampliar la oferta en el rubro de las telecomunicaciones para alentar una mayor competencia entre las empresas del sector, con mejor servicio y menor precio. En primer lugar “va a poner a disposición los 100 mhz de espectro que el estado nacional le reservó a ARSAT para comunicaciones móviles y que no está utilizando. Además de los 50 mhz que se encuentran en manos del Enacom”, que se van a utilizar para el servicio de 5G.
En segundo lugar, explicó el Vocero, “se eliminarán las exenciones del Impuesto al Valor Agregado de la ley del impuesto a los diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como también las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea”, una medida con la que se espera aumentar la recaudación en 264 mil millones de pesos.
Asimismo, informó que el Estado nacional va a impulsar la relicitación para el contrato de provisión del servicio de conectividad en las 16.000 escuelas de todo el país, de 60.000 millones de pesos anuales.
En la misma línea, dijo que a través de la AGN se realizó una auditoría sobre la gestión del ENACOM, que arrojó como resultado que las empresas Telecom y Telefónica debían más de 3.000 millones de pesos en concepto de aportes de inversión al fondo fiduciario del servicio universal, ante la omisión y las demoras del organismo que debía intimarlas. Por eso, dijo, “el Estado Nacional iniciará un relevamiento de todos los contratos existentes en materia de telecomunicaciones para analizar su cumplimiento”, y en pos de "la protección de los derechos de los consumidores”.
