Los recurrentes reclamos de vecinos y vecinas en relación con la aplicación de la Ordenanza 14379/23 y los decretos reglamentarios del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago, han dado lugar a diversas intervenciones de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente sobre afectaciones concretas a los derechos de los usuarios.
Locales09/10/2024
Marcela Barrientos
Esta situación deja en evidencia la necesidad de que el Ejecutivo Municipal publique en un texto ordenado la normativa dispersa, que se viene sucediendo desde la puesta en funcionamiento.
En ese sentido, vale como ejemplo la situación de los jubilados que atestiguan la imposibilidad de obtener la excepción de pago del estacionamiento medido, cuando no acreditan ser titulares del dominio del vehículo.
El caso es que el decreto reglamentario 1954/24 no exige esa condición, pues sólo dice que se exceptuará “(…) un vehículo por jubilado residente, el cual deberá estar radicado en la localidad…”.
Podría entonces asumirse que un jubilado/a que no es titular de dominio del rodado pero cuenta con tarjeta azul o autorización de manejo debidamente registrada por el titular dominial en el Sistema Integral de Trámite Electrónico, siendo el vehículo radicado en la ciudad, debería estar alcanzado por la excepción.
Pero desde la vigencia de la Ordenanza 14379/23, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dictado cuatro decretos reglamentarios, sucesivamente modificatorios: Decreto 386/24; Decreto 925/24; Decreto 1888/24 y Decreto 1954/24, sin perjuicio del Decreto 1150/24, que aprueba la contratación de la empresa proveedora del sistema.
Frente a la profusión de modificaciones reglamentarias y a la confusión generada por informaciones contradictorias recibidas por el público sobre distintos aspectos del sistema, la Defensoría solicitó por nota al Departamento Ejecutivo Municipal que consolide y/o publique un único texto ordenado las distintas reglamentaciones y aquellas que efectivamente están vigentes luego de los sucesivos cambios.
Como ha venido sosteniendo esta Defensoría de manera pública y formal, a través de distintas resoluciones, no es competencia de la DPA pronunciarse sobre la oportunidad de una política pública en sí misma, siempre que ésta no provoque afectaciones concretas de derechos de las personas o que no se hayan vulnerado en su aprobación y contenidos los procedimientos administrativos, principios del derecho, constitucionalidad y la convencionalidad aplicable.
En esa inteligencia, desde mayo del presente año y siempre en relación con el sistema de estacionamiento medido y pago, la DPA ha presentado intervenciones ante el poder político municipal, con consideraciones y reclamos de rectificación de medidas a favor de los derechos de las personas con movilidad reducida; la situación de los frentistas (incluyendo un breve detalle comparativo de normas aplicables en otras ciudades); la situación de los jubilados y pensionados; la configuración del espacio fijado para el cobro del estacionamiento en relación con las características del casco histórico, y la naturaleza jurídica de la aprobación que en su momento dio el Concejo Deliberante para delegar al Ejecutivo la organización del sistema y la definición de los valores a cobrar, entre otras muchas intervenciones. Es decir, todas eventuales afectaciones concretas de derechos a partir de la aplicación de una política pública, así como la formulación de recomendaciones sobre su implementación en defensa del mejor resguardo de los derechos de las personas, ya sean ellos derechos individuales o colectivos.
Asimismo, en cumplimiento del rol que le asigna la reglamentación del Derecho de Iniciativa, la DPA es uno de los organismos que certifica las firmas en el marco de la campaña por el derecho que promueve un importante sector de la comunidad contra el sistema de estacionamiento medido y pago.
Mediante nota al Intendente Municipal Carlos Saloniti, y al Coordinador del Organismo de Control Municipal, Dr. Saul Castañeda, desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el pedido de alguna de las medidas de prevención propuestas para evitar el daño a la salud de la población y al ambiente.
El Consejo de Jutas Vecinales realizó una actividad en defensa de los espacios verdes de la ciudad, en la manzana 43, en la esquina de Coronel Días y Villegas. El reclamo estuvo dirigido al Concejo Deliberante, quien está trabajando en el pedido de la cesión de un espacio en ese lugar para montar un local comercial.
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La Secretaría de Cultura recordó que Kachengue inició su formación en la década de 1980, en la Escuela de Circo Criollo de los legendarios Hermanos Videla, y pertenece a la primera camada de artistas circenses que no proviene de familias de circo.
El intendente municipal, Carlos Saloniti, y los directivos de la empresa SAEM consideraron y acordaron de manera conjunta iniciativas que buscan mejorar el servicio de estacionamiento medido en San Martín de los Andes.
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Previo a la votación, Ruiz hizo uso de la palabra para calificar de “inconstitucional” la separación preventiva del cargo y de responsabilizar “a quienes lo voten”.
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Mediante nota al Intendente Municipal Carlos Saloniti, y al Coordinador del Organismo de Control Municipal, Dr. Saul Castañeda, desde la Defensoría del Pueblo se reiteró el pedido de alguna de las medidas de prevención propuestas para evitar el daño a la salud de la población y al ambiente.
