Marcela Barrientos
La fiscalía le atribuyó los delitos de lesiones leves, calificadas por ser cometidas a su expareja; por ser de un hombre hacia una mujer y por mediar violencia de género. Además, le imputó los delitos de lesiones leves y amenazas simples – 2 hechos – todos en concurso real entre sí; en concurso ideal con el delito de desobediencia a una orden judicial, todos en calidad de autor (artículos 92, en función del 89, 80 inciso uno y once, 89, 149 bis, 239, 45, 55, 54 del Código Penal).
Por el segundo hecho, la fiscalía le atribuyó el delito de portación ilegal de arma de fuego de guerra, en calidad de autor (artículos 189 bis, inciso 4, primer párrafo en función de lo del artículo 6, inciso 3 del decreto 395/1975 y 45 del código Penal).
Durante la audiencia, los representantes de la fiscalía indicaron que el 6 de octubre de 2021 I.A.M fue condenado a la pena de un año de prisión de modalidad condicional con el cumplimiento de reglas de conductas, por el plazo de dos años. La condena fue por hechos cometidos a su expareja: la golpeó e intento asesinarla. Esas reglas se agotaron antes del nuevo hecho de violencia que fue denunciado por la mujer el 9 de mayo. Ante este nuevo episodio se le impusieron medidas cautelares, que ahora incumplió. Sura indicó que de ser declarado responsable, la pena será de efectivo cumplimiento.
En ese contexto, ante este nuevo hecho de violencia, desde la fiscalía requirieron la prisión preventiva por el plazo de un mes, entendiendo que otra medida menos gravosa no es suficiente para cautelar el riesgo para la integridad de las víctimas y de entorpecimiento de la investigación. “El imputado ha demostrado que no cumple. No tenemos garantías que haya una medida de coerción de menor inferencia que pueda cumplir los fines que la fiscalía pretende lograr en este mes: tener a las víctimas libres para poder declarar”, aseguró Sura.
Pellico agregó que puede influir en el relato de ambas víctimas y que el botón antipático no daría una respuesta inmediata en estos casos.
El juez de garantías Ignacio Pombo dio por formulados los cargos en relación del primer hecho y en relación al segundo lo imputó por el delito de tenencia de un arma de fuego (artículos 189 punto dos, párrafo segundo del Código Penal).
El plazo de investigación se fijó en cuatro meses por ambas imputaciones. Además, el magistrado dispuso la prisión preventiva del acusado por el plazo de un mes.
El hecho
De acuerdo a la teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal el hecho ocurrió el 3 de junio de 2024, en horas de la noche. I.A.M fue al domicilio de su expareja, en un barrio de San Martín de los Andes. Ingresó al domicilio y se mantuvo en su interior hasta las 11 del día 4 de junio de 2024, aproximadamente. Primero lesionó al hijo de la mujer, le arrojó elementos, lo golpeó con un palo, con golpes de puños, y lo amenazó de muerte. Con el fin de proteger a su hijo, la mujer se interpuso y el imputado comenzó a pegarle mediante golpes de puños y patadas. Asimismo la amenazó con matar a ella y a su bebé.
De esta manera el imputado incumplió las medidas cautelares impuestas por la Fiscal del Caso del Ministerio Público Fiscal Inés Gerez, que fueron notificadas el 9 de mayo de este año, en la que se le prohibió acercarse a un radio de 1000 metros tanto de la mujer como de su entorno familiar, y de realizar cualquier acto de perturbación, intimidación y/o violencia, directa o indirectamente.
En la misma audiencia se le imputó que el 27 de abril, en un control vehicular, se detectó que el imputado circulaba a en un vehículo junto a otras dos personas portando un arma de fuego de guerra, sin la debida autorización.
