Marcela Barrientos
Bajo la revisión de los programas sociales al que está abocado el Gobierno con el fin de contribuir a su principal premisa, la del déficit fiscal, este sábado a la mañana desde la Casa Rosada anunciaron que darán de baja más de 27.000 planes sociales. El justificativo que esgrimieron desde el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, es que los beneficiarios tenían irregularidades y no cumplían las condiciones para recibir estos aportes estatales. En paralelo aún se esperan definiciones sobre los más de 150 mil planes que fueron denunciados por el fiscal Guillermo Marijuán, en octubre pasado, por registrar viajes al exterior, sobre lo cual podría haber novedades en los próximos días.
El nuevo raleo de programas sociales derivó de una verificación de datos interna que hicieron en la cartera de Pettovello. En esa investigación se cruzaron los requisitos de cumplimiento con los titulares de los programas, y se detectaron que 27.208 personas del Potenciar Trabajo y 12 del Potenciar Empleo no estaban aptas para recibir los ingresos, por lo tanto quedarán sin percibirlos.
“Inmediatamente se les suspendió el pago, evitando así la erogación incorrecta de 2000 millones de pesos del Estado nacional”, informaron desde el Gobierno nacional.
Asimismo detallaron algunas de las incompatibilidades, detectadas a través de este contraste de información entre Anses y el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social (Sinstys). Entre quienes cobraban planes, según indicaron, había beneficiarios de jubilación o pensión, de prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, residentes en el extranjero, fallecidos y personas que poseían un auto con menos de diez años de antigüedad. A todos se les anuló el cobro.
Estas 27.220 personas que se quedan sin la ayuda social se suman a otras 4588 que fueron dadas de baja por Pettovello a fines de diciembre, por lo que el total de titulares de programas que terminaron sin prestaciones son hasta ahora 31.808 desde que asumió frente al megaministerio.
Esas más de 4 mil prestaciones eliminadas el año pasado surgieron de una investigación sobre el tema que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan. En ese entonces se entrecruzaron la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo con la nómina de los empleados públicos de 14 provincias -Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz- y así emanaron las incompatibilidades.
Fue Marijuan también quien denunció, en octubre pasado, que más de 150 mil beneficiarios registraron viajes al exterior. Ese universo bajo la lupa es analizado por el gobierno desde que asumió y en poco tiempo más se concretaría la baja de ellos, tras un análisis pormenorizado de cada situación.
Los titulares del Potenciar Trabajo cobraron este mes 78.000 pesos, ya que el plan corresponde a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, cuyo consejo para definir los aumentos -que impactan luego sobre prestaciones sociales y jubilaciones- todavía no fue convocado.
El Potenciar nació durante la administración de Alberto Fernández, cuando Daniel Arroyo era ministro de Desarrollo Social, y pide como contraprestación que los beneficiarios acrediten el cumplimiento de un máximo de 60 horas mensuales en una Unidad de Gestión o Certificación, con distintas ramas de actividades: desde tareas de cuidado, hasta reciclado y agricultura familiar, entre otras.
Cuando el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunció incrementos en las ayudas para los sectores vulnerables se enfocó en la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero no en el Potenciar Trabajo, que quedó congelado. Es que desde el Gobierno tienen identificado a este plan con la “intermediación” de las organizaciones sociales, una práctica que dicen querer desterrar.
Por su parte, desde las agrupaciones -que, tanto de izquierda como peronistas, se sumarán el miércoles al paro general de la CGT- consideran que la gestión de Javier Milei hace una “estigmatización” de sus filas y que busca evitar la protesta social con este tipo de medidas.
