La causa se inició a partir de una denuncia realizada por la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, dos días después del femicidio, el 25 de febrero. El objetivo era que se investigara “la posible existencia de delitos de acción pública, relacionados con las actuaciones de los y las funcionarias judiciales en la protección e investigación de los hechos puestos en conocimiento por parte de Guadalupe Curual, cuya integridad física se encontraba amenazada”.

A partir de esa denuncia, la fiscal del caso Carolina Mauri analizó todas las actuaciones del exjuez Jorge Videla, quien era titular del juzgado en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de Villa La Angostura e intervino ante las distintas denuncias y presentaciones de Guadalupe Curual sobre las situaciones de violencia de género previas al femicidio. 

Tras la investigación, la fiscal del caso estimó que no existía delito penal: “del análisis de las constancias del expediente judicial y de los informes remitidos, y en el marco del funcionamiento del Juzgado multifuero a su cargo, y del sistema protectorio general, entendemos que el juez Jorge Videla, en el expediente 12439/2020 - Curual, Guadalupe C/ Quintriqueo, Bautista s/ Situación Ley 2785 dio cumplimiento a las obligaciones protectorias que la Ley 2785 le ordenaba cumplir”, sostuvo.

Consideró que ni el entonces juez ni el resto de los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso incurrieron en delitos penales, y aclaró que “no poder establecer la comisión de un delito en el accionar” no implicaba que debieran descartase otro tipo de responsabilidades -administrativas o civiles- que se resuelven en otros ámbitos judiciales, pero no en el fuero Penal. Por esas razones, la fiscal dispuso desestimar la denuncia.

 Ante un recurso planteado por la querella particular, el juez Balderrama resolvió hoy revertir esa decisión y continuar la investigación, ampliándola. 

El magistrado propuso cuatro líneas de ampliación. En primer lugar, se posó sobre la investigación realizada por la fiscal Mauri y se refirió a que desde el inicio de las actuaciones ordenadas en el Juzgado Multifueros, su entonces titular ordenó el inicio inmediato de un espacio terapéutico a Juan Bautista Quintriqueo y que esa orden se reiteró en distintas oportunidades el 1 de febrero. En ese contexto, propuso investigar la razón por la que ese tratamiento no se inició.

En segundo lugar, el Balderrama planteó que, a lo largo del abordaje previo al femicidio por parte del juzgado multifueros que intervino, se percibe que “los episodios de violencia tenían que ver con el cuidado y manutención de la niña”. “A tal punto es el eje de la violencia, que el magistrado resuelve en febrero suspender el régimen de comunicación del padre con la niña, porque esta conflictividad atravesaba todo el proceso”, indicó Balderrama, quien desde ese punto propuso considerar la profundización de la investigación respecto de si otras medidas hubieran impedido el femicidio.

En esa misma línea incluyó las denuncias por amenazas con un cuchillo y la no comunicación al Ministerio Público Fiscal de esas situaciones por parte de los organismos que las receptaron.

Finalmente, en una cuarta línea, el juez Balderrama tomó parte de los planteos de la querella y se refirió a la actuación de todas las partes que intervinieron en el caso antes de que ocurriera el femicidio: Juzgado Multifueros de Villa La angostura, Oficina de Violencia, hospital y Policía de la localidad, centro de atención a la víctima y dependencias municipales. En ese sentido, consideró que “este tipo de casos, la investigación no puede ceñirse al magistrado, sino que debe alcanzar a todos los intervinientes, ya que la responsabilidad del Estado es de todos sus agentes”, explicó.