El sistema de Contrataciones Públicas no es una decisión unilateral de un funcionario de turno. Es, por diseño, un mecanismo de relojería con múltiples miradas y filtros, donde se destacan varios actores y áreas fundamentales que actúan relacionados entre sí: las áreas sustantivas, el área de compras y contrataciones, la Comisión Evaluadora y la Comisión de Recepción. Sumado a esto, un esquema de responsabilidades de distintos funcionarios que impide que el poder de compra se concentre en una sola firma, dependiendo de todas ellas para el avance y ejecución final de toda decisión ante cualquier procedimiento de compra pública.
Este sistema complejo; articulado, múltiple, participativo y transparente, colabora a la verdadera batalla histórica que tiene el Estado en relación a la percepción, ejecución e integridad de los fondos públicos, siendo este sistema, un engranaje necesario que actúa como garante de la Legalidad en términos del gasto y la transparencia, que ejecuta el Organismo
En rigor, las Áreas que intervienen en el Parque Nacional Lanín, como parte única y necesaria para garantizar la transparencia de toda compra publica son:
· Áreas sustantivas: son los distintos departamentos organizativos que tiene el Parque, que requieren o plantean la necesidad que tiene el Organismo;
· Área de compras: es el gestor administrativo de las contrataciones públicas y es el actor que vela por la legalidad del procedimiento. Esta área supervisa, analiza y ejecuta el proceso desde el inicio hasta el final del procedimiento de selección;
· La Comisión Evaluadora: este órgano no decide quién gana, pero su peso es determinante. Compuesta habitualmente por tres miembros titulares idóneos en general desde lo administrativo y legal y tres miembros suplentes, su función es técnica y legal. Su tarea es analizar la "letra chica";
Fundamental saber que la Comisión Evaluadora es un órgano independiente del Organismo, no depende estrictamente de la autoridad superior.
. La Comisión emite un Dictamen de Evaluación, un documento público que recomienda la adjudicación con un orden de mérito determinado, también puede sugerir que el proceso se declare fracasado por no haber ofertas que cumplan con los requisitos estipulados. La importancia de este actor radica en la fundamentación. En un sistema transparente, no basta con elegir al más barato; se debe elegir la oferta más conveniente. La Comisión Evaluadora es la encargada de explicarle a la ciudadanía por qué se eligió la opción A sobre la B, blindando el proceso de la arbitrariedad.
Un dato muy importante sobre el dictamen de la Comisión Evaluadora, no es vinculante, pero apartarse de su recomendación requiere una justificación legal extremadamente sólida por parte de la autoridad superior, que es la Intendente del Parque Nacional Lanín. Esto convierte a la Comisión en el principal "freno técnico" ante posibles discrecionalidades.
Comisión de Recepción: es el control de calidad y el certifica cumplimiento. Es un error común pensar que el proceso termina cuando se adjudica la compra. El riesgo de fraude muchas veces reside en la entrega, pagar por productos de primera calidad y recibir de segunda, o certificar servicios que nunca se prestaron.
Aquí intervienen los integrantes de la Comisión de Recepción conformada por tres miembros titulares y tres miembros suplentes. Su responsabilidad es fáctica y material. Ellos son quienes deben firmar un "Acta Definitiva" o “Parcial” firmada por tres funcionarios. Sin esa firma, el Estado no puede —o no debe— liberar el pago.
Este rol pone en valor la honestidad del funcionario de carrera. Al separar a quien compra (Unidad Operativa de Contrataciones) de quien recibe (Comisión de Recepción), el sistema argentino establece un control cruzado indispensable para evitar las llamadas "compras fantasmas".
Otro punto importante en la ejecución de los procesos de compra son la jerarquía de las firmas, para evitar que un funcionario de rango medio comprometa presupuestos millonarios, o que un Ministro deba perder tiempo firmando la compra de insumos de cafetería, la normativa nacional establece un estricto régimen de competencia en función del monto.
Este esquema piramidal de autorizaciones actúa como un sistema de alertas tempranas. Cuanto más elevado es el monto de la contratación, más alta debe ser la jerarquía de la firma que autoriza el pliego y adjudica la compra, por ejemplo, en el caso del Parque Nacional Lanín, el Titular de la Unidad Operativa de Contrataciones puede firmar la autorización para realizar la compra hasta 40 millones de pesos, pero la adjudicación por dicho monto es firmada por la Intendente del Parque que tiene Rango de Director Simple. En caso de que el Parque deba realizar compras o contrataciones superiores a dicho monto, la misma puede ser autorizada por la Intendente y adjudicada por Director Nacional de la Administración de Parques Nacionales, a medida que sean montos superiores, sube la jerarquía de firmas.
Esta estructura asegura que las decisiones críticas pasen por múltiples escritorios y revisiones legales, diluyendo la posibilidad de que una sola persona pueda direccionar fondos masivos sin que el sistema administrativo lo detecte.
En líneas generales esta burocracia de diferentes actores termina siendo una garantía para el ciudadano, muchas veces criticada por su lentitud, en definitiva, la "burocracia" de las comisiones y las firmas jerárquicas es, en realidad, el sistema inmunológico del Estado, lo que no implica que deba ser lenta sino más bien ágil para que los procesos tengan una resolución en tiempos razonables.
La transparencia en los procedimientos de selección en contrataciones públicas no depende solo de la voluntad política, sino del empoderamiento de estos actores técnicos. Fortalecer el área de compras, las Comisiones Evaluadoras y de Recepción, y respetar rigurosamente los rangos de firma, es la única vía para asegurar que cada peso invertido por el Estado llegue a su destino.
