Marcela Barrientos
A instancias de una decisión conjunta entre representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), la defensa pública y autoridades de organismos municipales y de la salud pública, un varón que fue declarado inimputable por no comprender sus actos, y que estaba acusado por diversos hechos en la ciudad de San Martín de los Andes, deberá realizar un tratamiento médico y psicológico que además le garantice la alimentación, la higiene y la vestimenta.
La decisión fue tomada el pasado viernes durante una audiencia en la que el fiscal jefe Gastón Ávila, manifestó su aval a la solución propuesta para el caso. La persona imputada, quien estaba acusada en cinco legajos del MPF por los delitos de lesiones, amenazas y daño, fue declarada inimputable “por no ser capaz de comprender sus actos ni de dirigir sus acciones”.
Así, se estableció que durante un plazo de un año se le proveerá un dispositivo de salud mental que “garantice las necesidades básicas de la vida diaria -alimentación, sueño, higiene y vestimenta-, el tratamiento médico correspondiente, mediante la correcta administración de la medicación y la prevención del consumo de sustancias tóxicas”. El plazo podrá ser menor al estipulado “si previamente se revierten las condiciones médicas y los riesgos que llevaron a su imposición, previo dictamen de los especialistas del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial”.
Asimismo, el juez de garantías Ignacio Pombo, requirió a las autoridades del gobierno provincial –jefe de Gabinete, ministro de Salud y ministro de Seguridad-; al intendente de la ciudad, y a las autoridades de la Zona Sanitaria de la región de Los Lagos y del hospital Ramón Carrillo, que en un plazo de 15 días hábiles “propongan el programa o dispositivo que adecuarán para cumplir con esa medida de seguridad”.
El programa deberá abordar las necesidades de la persona declarada inimputable, “para procurar su inclusión en la comunidad con los apoyos necesarios a fin de atender a su salud integral y deberá contemplar: 1) alejarlo de la situación de calle; 2) brindar el acceso al tratamiento y/o dispositivos necesarios para abordar el consumo problemático de sustancias tóxicas; 3) satisfacer sus necesidades básicas de la vida cotidiana -alimentación, higiene, vestimenta-; 4) brindar un tratamiento médico y psicosocial adecuado e integral; y 6) el suministro periódico y controlado del tratamiento farmacológico”.
Hasta que este tratamiento esté diseñado, el juez de garantías resolvió que continué la internación en el hospital Ramón Carillo, bajo custodia. Además fijó a una audiencia para el próximo 30 de septiembre destinada a controlar la internación, y convocó a participar a quienes las autoridades provinciales designen.
En simultáneo, el magistrado notificó de la decisión al defensor público civil y al juez civil que ya intervienen respecto de la situación de la persona involucrada, e informó que el control y seguimiento de esta medida de seguridad quedará en manos del juez de Ejecución Penal.
El sujeto tenía antecedentes de varios hechos anteriores y tras varias denuncias, finalmente se realizó el seguimiento desde la Fiscalía con el Fiscal Hernán Scordo, que impulsó el trabajo en conjunto con las diferentes instituciones para que el denunciado logré tener los tratamientos adecuados en base a la ley de salud mental.
