Marcela Barrientos
A instancias de una investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la división Antinarcóticos de la Zona Sur de la Policía, se realizó un allanamiento en un inmueble en la ciudad de San Martín de los Andes, donde se encontró droga destinada a la venta.
El procedimiento fue ayer por la tarde en el barrio Gobernadores Neuquinos, lo dirigió el fiscal jefe Gastón Ávila con personal policial y lo autorizó un juez de garantías. En el lugar se encontró una piedra de clorhidrato de cocaína, de 35 gramos. Una persona quedó detenida por disposición del MPF y en el transcurso del día será acusada.
Entre los fundamentos para requerir el procedimiento, se mencionó que la casilla de madera y material, ubicada al fondo de un predio donde hay monoblocks y construida de forma ilegal, ya fue allanada y que la persona que la ocupa, está imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de uso de civil.
Esta acusación sobre el ocupante de la casilla, la realizó el asistente letrado Federico Surá el 14 de mayo pasado, luego de un allanamiento en el mismo inmueble, donde se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y anotaciones sobre ventas de estupefacientes, además de 700 mil pesos en efectivo.
Al momento de imputarlo, el asistente letrado requirió la prisión preventiva por considerar que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación, pedido que fue rechazo por un juez de garantías que le impuso al imputado prohibición de contacto con vecinos y vecinas del barrio; presentaciones en la una comisaría todos los viernes; y rondines policiales en el lugar.
Tras el allanamiento de ayer, la casilla fue consignada y clausurada de forma preventiva. Y desde el MPF y en conjunto con las autoridades municipales, se empezó a evaluar la posibilidad de derribarla.
“Es un inmueble utilizado para vender drogas que se encuentra en infracción a las normas municipales de seguridad y edilicias, que además está en un terreno usurpado”, indicó el fiscal jefe Gastón Ávila. “Existe una base legal que le permite a los municipios clausurar casas y negocios, así como demoler construcciones, y en ese sentido estamos trabajando en conjunto con las autoridades de la ciudad”.
El fiscal jefe remarcó que "trabajamos para establecer la irregularidad en torno a la propiedad y el estado jurídico de dicho bien, con el objetivo de hacer cesar la situación antijurídica”. Y puntualizó que “del inmueble se ha servido quien lo ocupa para vender drogas, y esto de forma reiterante”.
