Marcela Barrientos
El pedido lo hizo hoy al mediodía durante una audiencia en la Junín de los Andes, en la que planteó que se rechace la modificación que propusieron los abogados defensores del acusado, para cambiar la prisión preventiva a una modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica y rondines policiales.
“Estamos frente a un delito de mucha gravedad, que prevé la pena de prisión perpetua”, remarcó Scordo, y enfatizó que “si hoy el imputado se va con prisión domiciliaria, podría profugarse”.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), planteó que “no se ha modificado ninguna situación fáctica desde el día del hecho: las circunstancias son exactamente las mismas y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya ha dicho que para la modificación de las medidas cautelares debe existir una alteración en las circunstancias y acá eso no ha ocurrido”.
Además, el fiscal del caso remarcó que luego de cometer el hecho, el acusado “tomó un taxi e hizo 150 kilómetros con plena voluntad de irse”, lo que finalmente no se concretó. Y señaló que “la persona a la que llamó luego del femicidio para decirle que se `había mandado una cagada`, es la misma persona que ahora ofrece su domicilio para que él cumpla con esa modalidad de detención”.
También enfatizó que de acuerdo a la información que recopiló el MPF, “no hay disponibilidad en este momento para colocarle una tobillera electrónica”; y que “no se hizo un informe socio-ambiental y técnico-criminológico que son necesarios para otorgar una prisión domiciliaria”.
Al pedido de rechazo de la prisión domiciliaria del representante del MPF, adhirieron las abogadas de la parte querellante que representa a la víctima.
La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Laura Barbé, avaló el pedido del fiscal del caso, y rechazó la modificación de la modalidad de detención de J.O.L. “No hay modificación ninguna sobre los riesgos procesales, concretamente del riesgo de fuga”, dijo la magistrada; y le dio la razón al fiscal del caso y la querella respecto de la falta de viabilidad del domicilio ofrecido para cumplir la medida. "Voy a mantener la prisión preventiva en las condiciones en que se impuso", resolvió.
Así, el acusado deberá permanecer en una unidad de detención con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, que se computan desde el pasado 8 de junio, cuando el fiscal del caso Adrián De Lillo y la asistente letrada Lucía Maggiora, le formularon cargos.
De acuerdo a la investigación que lleva adelante el MPF, el femicidio fue cometido aproximadamente a las 6:40 horas del 7 de junio pasado, en el interior de la vivienda de la víctima, ubicada en el barrio Los Pobladores de Junín de los Andes.
En ese contexto, tras una discusión, el imputado extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó a M.D.G.T, provocándole una herida punzocortante de 17 centímetros en el abdomen, que puso en riesgo su vida.
Cuando Mena intentó recriminarle lo que había hecho, el acusado la atacó a ella con el mismo cuchillo, mediante dos puñaladas, y luego escapó. Las lesiones provocaron la muerte de la mujer.
J.O.L fue imputado por el delito de lesiones graves en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio), en calidad de autor (artículos 55, 90 y 80, incisos 1 y 11, del Código Penal).
Al momento de ser acusado, el MPF requirió que el imputado permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo de no sometimiento al proceso, solicitud que fue avalada.
