Marcela Barrientos
La acusación la realizó ayer durante una audiencia, en la que planteó que los hechos fueron cometidos entre el 17 de mayo y el 21 de julio de este año. Además, solicitó que se impongan medidas cautelares: prohibición al acusado de acercarse a los edificios del Juzgado de Paz y de la fiscalía, y de ejercer cualquier acto de perturbación hacia el personal que trabaja en estas dependencias.
La fiscal del caso planteó que de acuerdo a la información provisoria, el primer hecho fue cometido por el imputado, J. M. R, el 17 de mayo. Antes de las 7.40 de la mañana, preparó un líquido con materia fecal y lo arrojó en el frente del edificio del Ministerio Público Fiscal (MPF), ubicado en Roca al 950. De este modo, dañó el interior de las oficinas – por la filtración de la sustancia-, e impidió el normal funcionamiento de la fiscalía durante la jornada.
Cinco días después, antes de las 8 de la mañana, lo derramó sobre el frente del Juzgado de Paz, ubicado en San Martín y Drury, que tuvo que interrumpir la atención al público.
En tanto el 15 de julio, antes de las 7.30, hizo lo mismo en la sede del MPF, en paredes, puerta de acceso y ventanas, lo cual afectó la atención al público en áreas del organismo. Y el 21 de julio, alrededor de las 19.20, volvió a actuar de modo similar en el mismo edificio.
La fiscal del caso le atribuyó el delito de daño agravado en concurso ideal con impedimento de un acto funcional y estorbo de un acto funcional (dos hechos).
Entre la prueba recolectada por el MPF, figura la filmación de una cámara de seguridad que muestra cuanto está arrojando la materia fecal, así como diversos secuestros de un allanamiento efectuado en la casa del acusado, como restos de materia fecal de gato, bidones, botellas y un embudo, entre otros.
Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que el imputado actuó a modo de venganza por distintas resoluciones que adoptó la fiscalía ante denuncias que él realizó (las cuales fueron desestimadas o archivadas).
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Ignacio Pombo, avaló la formulación de cargos, así como las medidas cautelares requeridas. El plazo de investigación lo fijó en dos meses.
Como el tipo de delito que se investiga prevé una pena baja, existe la posibilidad de que el caso se resuelva mediante una salida alternativa.
