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El Gobierno pedirá la nulidad de la compra de tierras de Joe Lewis en Lago Escondido

A través de la Resolución 1603, el Secretario de Interior, José Lepere, ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior que inicie una "acción judicial de lesividad" contra la empresa Hidden Lake, del magnate Lewis, con el fin de obtener "la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad".

Nacionales 05/10/2023 Marcela Barrientos Marcela Barrientos

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El Gobierno inició una demanda contra la empresa Hidden Lake, propiedad de Joe Lewis, para declarar la nulidad de la sociedad debido a las irregularidades registradas en los procesos de adquisición de las tierras de Lago Escondido.

Con esta acción, impulsada por el ministro Eduardo “Wado” de Pedro, se pretende avanzar en la recuperación de las tierras adquiridas por el magnate inglés en una zona de frontera y protegida ambientalmente, algo que diferentes referentes políticos desde el año 2003 vienen denunciando.

A través de la Resolución 1603, el Secretario de Interior, José Lepere, ordenó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior que inicie una "acción judicial de lesividad" contra la empresa Hidden Lake, del magnate Lewis, con el fin de obtener "la declaración de nulidad de las autorizaciones de previa conformidad otorgadas a la citada sociedad".

De acuerdo al documento al que accedió Ámbito, la secretaría del Interior declaró "lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en el marco de los Expedientes Nros. S02-21662/96 y S02-21702/96 del MINISTERIO DE DEFENSA a la actual sociedad HIDDEN LAKE S.A."
La demanda se inició a raíz de una presentación realizada por los abogados Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo en representación de María Magdalena Odarda, en la que se apuntan presuntas irregularidades en los controles de compra y venta de tierras a extranjeros en Zonas de Seguridad de Fronteras, concretamente en Lago Escondido, en la localidad de Bariloche, Río Negro.

La resolución señala que la legislación argentina "declara la conveniencia nacional de que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos".

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