En primer lugar se refirieron a la situación de Benito Ariel Matus, acusado por dos hechos: el abuso de armas agravado por ser funcionario policial al disparar contra un vehículo en el que se trasladaba un grupo de docentes y lesiones leves (también agravado por ser funcionario policial) por haber golpeado a otro docente con la culata de la misma escopeta. Los jueces, de manera unánime declararon a Matus responsable de abuso de armas por el primer hecho y resolvieron absolverlo por el segundo hecho de lesiones leves, por considerar que a través de la prueba ofrecida durante el juicio, no se pudo despejar la duda razonable.

Posteriormente los jueces declararon no responsables a Julio César Lincoleo y a Aquiles Atreo González quienes estaban acusados de haber encubierto al cabo Darío Poblete luego de que éste disparara contra el vehículo en el que se trasladaba el docente Carlos Fuentealba acabando con su vida. El tribunal no encontró que haya prueba suficiente como para declarar la responsabilidad de los imputados por este delito.

En último término, los imputados Carlos David Zalazar, Moisés Soto, Adolfo Federico Soto, Mario Aurelio Rinzafri y Jorge Bernabé Garrido fueron declarados responsables de abuso de autoridad agravado por ser funcionarios policiales por los hechos ocurridos en la segunda y tercera parte del operativo, cuando, a pesar de que los docentes se estaban retirando, se continuó arrojando gases y disparos de escopeta anti-tumulto, persiguiendo a los docentes a lo largo de varios kilómetros y a cientos de metros más allá de la ruta. Por otra parte los mismos fueron absueltos de la acusación de encubrimiento por no preservar el lugar en el que el cabo Darío Poblete había disparado contra Carlos Fuentealba.

Los jueces Giorgetti, Aufranc y Chavarría Ruiz coincidieron en destacar la importancia de que se haya podido llevar a cabo este juicio como forma pacífica de debate y resolución de un largo conflicto.