La Ley Nº 27.592, conocida como “Ley Yolanda”, establece la formación integral en medio ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático, para los agentes de la función pública. Esta norma recibe su nombre en homenaje a la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina, la Dra. en Química Yolanda Ortiz, quien lideró el ingreso de las “políticas verdes” en nuestro país y en Latinoamérica, reconociendo que la armonía entre la producción y el ambiente era necesaria para el desarrollo sustentable de la Nación.

“La adhesión a la ley Yolanda, no es cualquier adhesión, es velar por las  generaciones futuras con compromiso y responsabilidad, que es lo que debe tener todo funcionario al asumir”, detalló la concejal del MPN, Eliana Rivera y continuó: “Considero que para entender las problemáticas que nos rodean en torno a lo ambiental y pensar soluciones innovadoras en un contexto de cambio climático preocupante, la educación y la capacitación, tienen que estar presentes en toda gestión de gobierno por quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre un tema que debe tratarse seriamente y no como una moda”.

Las capacitaciones alcanzarán a los tres poderes del Estado y a los distintos niveles jerárquicos para generar conciencia ambiental en aquellos funcionarios involucrados en definir y gestionar políticas públicas. En ese sentido, sostiene que “la norma pretende ser un espacio de vinculación permanente entre el Estado y la comunidad científica”. 

Eliana Rivera, concejal a cargo de presentar la solicitud de adhesión a la Ley, expresó: “La misma fue pensada en el trabajo coordinado que debe realizarse al tratar temáticas ambientales, y que ello requiere conocer cuestiones generales, pero, sobre todo, el Plan de Acción creado por nuestro municipio y los programas que se llevan adelante como miembro de la Red de Municipios Frente al Cambio Climático, que muchos desconocen y que debe ponderarse”.

Para concluir, la funcionaria enfatizó sobre la importancia de “garantizar el derecho de un ambiente sano, el cual exige un trabajo coordinado con distintos niveles de gobierno y que requiere estar actualizado en relación a las problemáticas y la realidad local para tener un mismo norte".