
A 10 años del asesinato del policía José Aigo se mantienen la recompensa y la investigación
Marcela Barrientos
El Gobierno de la provincia del Neuquén mantiene la búsqueda para la captura de Alexis Alfredo Cortés Torres y Jorge Antonio Salazar Oporto, prófugos de la justicia por el asesinato del policía neuquino José Aigo, ocurrido el 7 de marzo de 2012 en la cuesta de Pilo Lil, próxima a Junín de los Andes.
Para ello, se encuentra vigente el decreto provincial 549/12 que otorga una recompensa de 50 mil dólares para aquellas personas que brinden datos útiles, ciertos, veraces, comprobables y determinantes que permitan la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte del hecho delictivo.
A su vez, el ministerio de Seguridad de la Nación actualizó el monto de la recompensa en 2 millones de pesos por cada uno de los fugitivos.
Se trata de ciudadanos chilenos que ese día se trasladaban hacia la frontera y en un procedimiento policial ejecutaron por la espalda el policía Aigo en un procedimiento de tránsito y luego se dieron a la fuga.
Como resultado del interés en el esclarecimiento del hecho, el gobierno neuquino impulsó la creación de un grupo especial de investigación conformado por integrantes de la fuerza policial y coordinada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia. A la fecha se mantiene el trabajo de inteligencia del mencionado grupo.
La información de la cartera nacional se encuentra publicada en la página web del ministerio de Seguridad del Estado nacional, en el link Prófugos de la Justicia del programa Buscar, con las fotos de los prófugos.
El programa nacional de coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia “Buscar”, depende de la dirección nacional de Cooperación con el Poder Judicial y Ministerios Públicos, y tiene como objeto aportar información a la justicia a través de ofrecimientos de recompensa que permita la resolución de los casos.
La ley 26.538 creó el Fondo Permanente de Recompensas destinado a quienes aporten datos que permitan resolver causas de delitos complejos, dar con el paradero de quienes hayan sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesarios, de hechos vinculados con delito de homicidio, entre otros.
El marco legal brinda confidencialidad para quienes aporten datos sobre los prófugos.
La carátula del expediente Nº 28753/12 se tramita en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la IV Circunscripción de Junín de los Andes. El juez interviniente ordenó entonces la captura internacional y detención de Jorge Antonio Salazar Oporto y Alexis Alfredo Cortés Torres.



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