Marcela Barrientos
El proyecto fue analizado en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Municipal y se fundamenta en el hecho de que no puede impedirse a las personas vulnerables el acceso a la función subsidiaria del Estado, pero ello no hace admisible que tales aportes se hagan suspendiendo por acción u omisión las responsabilidades que esas mismas personas tienen ante la ley, en particular cuando involucran los derechos superiores de las infancias.
La reforma propuesta no impide la entrega del subsidio del Estado, si la persona lo amerita y así se deduce de las encuestas sociales u otros instrumentos al alcance de la autoridad municipal, pero obliga a la administración local a dar parte a la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial 2333 y al Juzgado interviniente si hubiere causa en trámite por prestaciones alimentarias, a los efectos de que tales instituciones estimen pertinentes.
