Marcela Barrientos
El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Fiscalía de Estado, presentó una denuncia penal contra quien se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero del ministerio de Salud, por presuntas irregularidades en la administración y rendición de fondos públicos.
La presentación judicial se realizó esta semana a partir de una auditoría interna del ministerio de Salud que detectó inconsistencias en tres expedientes administrativos mediante los cuales se habían otorgado anticipos para gastos de funcionamiento por un total de 21.307.500 pesos. Según el informe técnico, las rendiciones efectuadas no permitieron acreditar de manera suficiente el destino final de esos recursos.
Desde el inicio de la gestión, el Gobierno provincial estableció como prioridad garantizar la transparencia en la administración del Estado, fortalecer los mecanismos de control y cuidar cada recurso público.
De acuerdo con la auditoría interna realizada por el ministerio de Salud, en un primer expediente se observaron irregularidades sobre fondos por 7.837.500 pesos. Entre los principales puntos detectados se mencionan la falta de autorizaciones jerárquicas correspondientes, ausencia de justificación suficiente para utilizar el mecanismo excepcional de anticipo de fondos, concentración de funciones en una misma persona y falta de documentación bancaria que permitiera comprobar los pagos realizados a proveedores.
En un segundo expediente, por 5.660.000 pesos, los auditores identificaron una reiteración del procedimiento observado: la solicitud, intervención y autorización del pago habrían sido gestionadas por la propia funcionaria denunciada, sin los controles internos correspondientes. Además, se detectaron facturas con conceptos generales, ausencia de remitos, falta de constancias sobre servicios prestados y documentación insuficiente para verificar la efectiva utilización de los recursos.
El tercer expediente involucra una suma de 7.810.000 pesos. Allí, la auditoría señaló la falta de autorización administrativa correspondiente, inconsistencias en la justificación del gasto y ausencia de documentación que permitiera vincular los pagos realizados con necesidades concretas de funcionamiento del área.
Según surge de la denuncia, la hipótesis planteada ante la Justicia es que los fondos habrían quedado bajo disponibilidad de la funcionaria y posteriormente se habría intentado justificar su utilización mediante documentación cuya correspondencia con servicios efectivamente prestados no pudo ser comprobada durante la auditoría.
Ante estas observaciones, la coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones presentadas, declaró la responsabilidad administrativa, remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas y dio intervención a las áreas legales pertinentes.
Será ahora la Justicia la encargada de avanzar con la investigación para determinar si las irregularidades detectadas corresponden a incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada de desvío de fondos públicos.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es fortalecer una administración ordenada, transparente y responsable, donde los recursos del Estado sean destinados exclusivamente a mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía.
