Marcela Barrientos
El Gobierno de la Provincia del Neuquén avanza con la implementación de la Ley de Seguridad Ciudadana, recientemente aprobada por la Legislatura neuquina y que establece la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana (CPSC) y siete Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana (CRSC).
La ley prevé que los Consejos realicen diagnósticos regionales sobre las causas del delito, elaboren cuadros de riesgo delictivo y propongan estrategias preventivas específicas para cada territorio. La norma propone un abordaje integral y preventivo, con eje en la descentralización, la planificación territorial y la participación de múltiples actores.
Si bien la ley ya fue promulgada, aún se encuentra pendiente su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. El artículo 17 de la norma establece un plazo máximo de 90 días para este proceso. En este sentido, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, explicó: “Esta ley representa un cambio profundo en la manera en que concebimos la seguridad en la provincia. Apunta a la prevención, a la planificación con base territorial, y al trabajo en red entre municipios, fuerzas de seguridad, justicia y ciudadanía”.
Agregó que “todavía no se encuentra reglamentada, pero ya estamos trabajando en la articulación con los gobiernos locales y distintos actores institucionales para que, una vez operativa, pueda implementarse de manera ágil y efectiva”.
La norma contempla la conformación de los Consejos Regionales en las siete regiones definidas por la Ley 3480. Estos espacios estarán integrados por intendentes, representantes del Ministerio de Seguridad, de la Policía del Neuquén, del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal y de los concejos deliberantes locales. Su función será la de actuar como órganos consultivos, de planificación y asesoramiento en políticas de seguridad de carácter preventivo.
También podrán proponer reformas legislativas, articular acciones entre municipios y provincias, y promover actividades que fortalezcan el trabajo conjunto en materia de seguridad.
Además, se destaca la posibilidad de convocar a representantes del ámbito académico, ONG, organizaciones sociales, cámaras empresariales y juntas vecinales, lo que permitirá enriquecer la toma de decisiones con miradas interdisciplinarias y participación ciudadana. “La seguridad no puede pensarse solo desde lo policial. Necesitamos sumar otras miradas y saberes, el rol de las organizaciones de la sociedad civil será clave”, afirmó el ministro Nicolini.
En línea con una política de eficiencia en el uso de los recursos públicos, la ley establece que los Consejos deben funcionar en espacios públicos ya existentes, como escuelas o centros comunitarios, y no podrán generar gastos por alquiler de inmuebles. Asimismo, sus integrantes cumplirán funciones ad honorem, sin percibir remuneraciones por su participación.
