Marcela Barrientos
Durante una audiencia realizada ayer, a menos de 24 horas del hecho, el representante del Ministerio Público Fiscal explicó a la jueza Leticia Lorenzo que en ese lapso había desarrollado todas las medidas de investigación necesarias para juzgar el caso.
También precisó que la mujer tiene una condena de prisión condicional impuesta a fines de 2024 por la que debía cumplir reglas de conducta durante 4 años, por lo que no existía una salida alternativa: como no se requiere un tiempo adicional para evaluar su situación, pidió pasar directamente a la etapa de juicio.
“Lo que establece el Código Procesal Penal como relevante para esta situación es que en los casos de flagrancia, el Ministerio Público Fiscal puede solicitar el juicio directo aún sin el acuerdo de la defensa, que es lo que está sucediendo en este momento”, explicó la jueza tras escuchar a las partes.
Destacó que en las primeras 24 horas, el MPF “cerró la investigación” y remarcó los antecedentes de la imputada. “Eso la coloca en una posibilidad de pena efectiva, más que en otro tipo de salida. Y si el MPF manifiesta que, independientemente de cómo vean ellos la situación de la señora, la Ley no los habilita a buscar una alternativa ni ven que se pueda optar por una reparación del daño, oponerse al juicio no puede ser valorado, porque no soy yo la que puede determinarlo. Eso lo debe decidir el titular de la acción y yo tengo que determinar la razonabilidad de la determinación que toma”, agregó Lorenzo, que estableció los límites de su intervención.
El hecho
La imputada es M.L.G, quien de acuerdo con la teoría que presentó el fiscal del caso, el 29 de marzo de 2025, a las 23:30, ingresó a una pizzería ubicada en el barrio Los Radales de San Martín de los Andes y, utilizando un cuchillo, intentó robar mercadería. La víctima logró evitar el robo y la sacó del local, donde fue detenida por la policía.
El hecho fue calificado como robo calificado por el uso de arma, en grado de tentativa y en calidad de autora (Artículos 166, inciso 2, primer párrafo; 45 y 42 del Código Penal).
“Nos encontramos ante un caso de flagrancia, con una imputada que ya ha utilizado todas las opciones de salidas alternativas que prevé nuestro Código Procesal, sin quedar otra más que una condena a prisión efectiva”, sostuvo Scordo respecto de las distintas soluciones que en los últimos años se adoptaron respecto del accionar de la imputada.
Tras aceptar el pedido de la fiscalía, la jueza dispuso el cierre de la investigación y ordenó que a la oficina judicial que fije el juicio en un plazo de 30 días corridos, para que la defensa pueda evaluar “si quiere aportar su propia prueba en el juicio”.
Finalmente, el asistente letrado Federico Surá, quien participó de la audiencia junto a Scordo, pidió que durante el plazo que la jueza dispuso hasta la audiencia de juicio, disponga la prisión domiciliaria de la acusada. Argumentó que, de aguardar el juicio en libertad, existe riesgo de que entorpezca la investigación, ya que dos testigos dijeron haber sido amenazados, o de que atente contra la integridad de la víctima.
“Quedan formulados los cargos y elevado el caso a juicio, con tribunal unipersonal, por el delito de robo calificado por el uso de armas, en grado de tentativa, en calidad de autora”, sostuvo en primer lugar la magistrada. Luego tuvo por admitidos los testigos de la fiscalía y ordenó “que el juicio no se fije antes de los próximos 30 días corridos”, plazo durante el que impuso la prisión domiciliaria solicitada por la fiscalía.
