Marcela Barrientos
Se presentó este martes en la Legislatura provincial el proyecto de adhesión a la Ley de Narcomenudeo. El texto lleva la firma del gobernador Rolando Figueroa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, Soledad Gennari, y el fiscal general de Neuquén, José Gerez. La norma establece entre otros aspectos que todos los beneficios económicos que sean incautados se destinen a fortalecer esta política de estado.
El gobernador señaló que se trata de una ley “que la hemos pensado mucho, la hemos desarrollado y es la lucha contra el narcomenudeo que queremos llevar adelante en la provincia del Neuquén”.
“No es que vamos a atacar solamente el chico y el grande hace lo que quiere”, aseguró y recordó que según la legislación el narcotráfico está en mano de la Justicia Federal. Lo que estamos presentando ahora es que nosotros nos queremos hacer cargo del narcomenudeo para complementar el trabajo que realizan las fuerzas federales”, aclaró Figueroa.
En caso de ser aprobada por los diputados provinciales, la normativa comenzará a regir el 28 de febrero de 2025.
Al asumir esta nueva tarea, la Provincia requerirá las transferencias presupuestarias de Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación del servicio de justicia para comenzar.
En sus apartados, el texto determina que las multas, los bienes decomisados o el producido de su venta y demás beneficios económicos que surjan por aplicación de la ley, tendrán un destino establecido. El 25 por ciento será para la ejecución y el fortalecimiento de los programas y dispositivos destinados a la prevención y rehabilitación derivado del consumo de estupefacientes. El 50 por ciento se destinará a la ejecución y el fortalecimiento de políticas de capacitación, prevención, investigación, equipamiento, así como a solventar los gastos e inversiones que demanden, incluido el recupero financiero, los operativos policiales que se realicen para dar cumplimiento a esta ley. El 25 por ciento restante, será para fortalecer las políticas de persecución y juzgamiento que deba realizar el Poder Judicial.
El proyecto establece también que los poderes Ejecutivo y Judicial podrán celebrar los convenios necesarios con organismos e instituciones provinciales, nacionales e internacionales, que posibiliten la capacitación y el entrenamiento específico del personal que preste servicios relacionados con la presente ley.
Asimismo, realizarán las acciones necesarias para que entre en plena vigencia, contemplando todo lo relativo a cuestiones normativas, procedimentales, logísticas, recursos humanos, materiales y presupuestarios, entre otros.
De acuerdo al texto propuesto, las causas en trámite al momento en que entre en vigencia la nueva ley "continuarán ante el fuero en el que se encuentran hasta su finalización definitiva".
