Marcela Barrientos
El fiscal jefe Pablo Vignaroli, asistido por el agente Abelardo Sepúlveda, formuló cargos a una persona por hacerse pasar por abogado y estafar en $16.405.000 a familiares de dos condenados, bajo la promesa de sacarlos de la cárcel.
Durante una audiencia realizada ayer, el representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó al imputado, M.A.L, haber cometido las estafas entre junio y agosto pasados, tras haberse presentado como abogado frente a la víctima y haberle cobrado por sus servicios.
“Concretamente, la víctima, domiciliada en El Huecú y con motivo de tener detenidos a dos hermanos, tomó contacto y contrató los servicios del acusado, quién dijo ser abogado”, explicó Vignaroli ante el juez de garantías Raúl Aufranc. El supuesto abogado se reunió con las dos personas condenadas y “atribuyéndose el carácter de abogado, simuló asumir la defensa, prometiéndoles obtener su libertad, para lo cual les cobraba la suma de $4 millones, con más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar, cobrándoles en dicha oportunidad la suma de $1 millón, monto que la víctima y su hijo procedieron a abonarle en efectivo”. Así describió el fiscal jefe el inicio de la maniobra desplegada.
De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, ese accionar derivó luego en sucesivos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio hasta totalizar los más de $16 millones, y maniobras para que los familiares de las personas que están detenidas incluso se endeudaran para poder afrontar los pagos al supuesto abogado.
En agosto, el último engaño consistió en asegurarle a las víctimas que había realizado, en su representación, una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por $88 millones, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas. Mediante ese ardid, que incluyó un llamado telefónico de parte de un también falso fiscal, los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos.
Las estafas terminaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado les advirtió que M.A.L no era abogado.
Vignaroli encuadró los hechos como estafa genérica, en concurso ideal usurpación de título, en carácter de autor (artículos 247; 172 y 45 del Código Penal).
Tras presentar los distintos informes que certifican que el imputado no es abogado, el fiscal jefe explicó que restan tres medidas de investigación: la apertura de dispositivos electrónicos secuestrados al imputado; un informe contable; y un informe encomendado al departamento de Delitos Económicos de la Policía sobre cámaras de seguridad. “Por ese motivo vamos a solicitar un plazo de investigación de 4 meses”, indicó Vignaroli.
Tras escuchar a las partes y sin oposición de la defensa, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de investigación solicitado.
