Marcela Barrientos
La decisión fue tomada por el juez de garantías Diego Chavarría Ruiz en una audiencia de modificación de medidas cautelares. El magistrado tuvo por válidos los argumentos detallados por el fiscal del caso: sigue vigente el riesgo de entorpecimiento de la investigación y es necesario resguardar la integridad de la víctima.
Los hechos que investiga el Ministerio Público Fiscal ocurrieron en la ciudad de San Martín de los andes:
En la semana del 5 de abril, H.H.A mantuvo privada de su libertad durante un día a su expareja, utilizando para ello violencia y amenazas. Primero la golpeó con la empuñadura de un arma de fuego. Luego le ató las manos y la boca para que no grite y volvió a golpearla con un cinto. Además la agredió con puños y patadas en todo el cuerpo. Finalmente le pegó con un martillo. Al día siguiente, la soltó.
El 12 de abril cerca de las 13:00, el imputado golpeó a su expareja en una calle dándole golpes de puño y patadas en todo el cuerpo. La agresión cesó por la intervención de un móvil de la policía provincial que pasaba por el lugar y asistió a la mujer.
El 9 de junio pasadas las 6:00 de la mañana y en una vivienda, H.H.A lesionó a su expareja con golpes de puño mediando violencia de género y luego de cuestionarle su presencia en una fiesta. De esta manera, el imputado incumplió las medidas cautelares impuestas por una Jueza del Juzgado de Familia, que luego de ocurridos los primeros hechos, le impedían acercarse a su expareja en un radio de 300 metros.
Los delitos por los cuales está imputado H.H.A son privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, lesiones leves calificadas por el vínculo y por ser de un hombre a una mujer y mediar un contexto de violencia de género -2hechos- y desobediencia a una orden judicial, todo en concurso real y en carácter de autor (artículos 142 inciso primero, 92 en función del 89, 80 incisos primero y onceavo, 239, 45 y 54 del Código Penal).
