Marcela Barrientos
En una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes pasado, la fiscal del caso Inés Gerez junto al asistente letrado Hernán Scordo acusaron a una mujer, B.E.C, por el homicidio de quien era su pareja, José Segundo Bernardino Catricura, al incendiar la casa en la que convivían en San Martín de los Andes.
La fiscalía le imputó el delito de homicidio doblemente agravado, por existir una relación de pareja y por el medio utilizado (medio idóneo para crear un peligro común), en calidad de autora (artículo 80 inciso uno y cinco y 45 del Código Penal).
Como medida cautelar la fiscal requirió que la imputada quede detenida en prisión domiciliaria por cuatro meses, a los fines de resguardar el proceso penal. Además requirió la prohibición de todo tipo de contacto y/o comunicación con testigos del caso y con familiares de la víctima. “La medida es indispensable para evitar que la imputada influya a los testigos”, aseguró Gerez.
De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue cometido el a 10 de febrero de 2024, entre las 8:30 y 9. La imputada incendió la vivienda que compartía con su pareja, José Emiliano Catricura. Esa mañana, luego de compartir una reunión con otras personas de la comunidad mapuche a la que pertenecen, se dirigieron hacia la vivienda. En el trayecto ambos discutieron. Cuando arribaron a la vivienda, la imputada se dirigió a un galpón cercano a la casa, tomó un bidón con nafta y roció la vivienda por fuera y por dentro. En ese momento, la víctima ingresó a la casa, tomó a la imputada de los brazos y la empujó hacia el exterior. La mujer prendió un fósforo y lo arrojó a la puerta, provocando el incendio que se propagó inmediatamente.
A raíz de la rápida combustión, se produjo una explosión que trabó la puerta, quedando Catricura atrapado en el interior. Si bien logró salir por una puerta trasera, Catricura sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, fue trasladado al Hospital Local y murió a las pocas horas.
El juez de garantías Pablo Balderrama dio por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de cuatro meses. Además el magistrado dispuso la prisión domiciliaria para la acusada y la prohibición de acercamiento y perturbación con la familia de la víctima.
