Marcela Barrientos
El gobierno de la provincia del Neuquén trabaja en el cruce de información y aportará datos a la investigación sobre supuestos cobros indebidos del programa nacional Potenciar Trabajo, que se extiende por el país.
Desde distintas áreas trabajan en la información para detectar presuntas irregularidades, como las que de hecho ya detectaron al dar con agentes de la administración pública provincial que cobraban planes sociales, pese a estar impedidos.
El gobernador Rolando Figueroa, quien le imprimió el acelerador a sus acciones destinadas a eliminar los gastos innecesarios del Estado, terminar con privilegios e investigar las acciones fraudulentas, fue quien impartió la orden de colaborar con la investigación que lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan.
En los últimos días, Marijuan acreditó la identidad de 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho incompatible. En Neuquén, las auditorías iniciadas por la provincia detectaron hasta el momento que más de mil agentes cometieron irregularidades con distintas asignaciones, planes y programas.
Para el fiscal, las maniobras en las que incurrieron los agentes que cobraron planes podría encuadrar en el delito de defraudación contra la administración pública. Pero aún se habla de presunciones y así será hasta que la causa judicial avance.
Las investigaciones pueden escalar hasta los funcionarios (por acción u omisión) y, en lo administrativo, el fraude puede ser causal de cesantía. Figueroa ya ha dicho que, además de la sanción que corresponda, se iniciarán acciones para que aquellos que perpetraron las maniobras ilícitas devuelvan el dinero mal habido.
