Se trata de Ricardo Soiza, quien está apuntado como jefe de la organización, y de sus dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras imputadas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.

Los tres imputados fueron detenidos la semana pasada. El primero fue Soiza, durante una serie de allanamientos realizados el jueves y en los que se secuestraron computadoras, teléfonos y dinero. Los dos restantes se entregaron por la tarde, en los momentos previos al desarrollo de la audiencia para controlar las detenciones. Finalmente esa audiencia se pudo concretar hoy, ya que debió ser postergada debido a la renuncia del abogado que inicialmente representó a todas las personas investigadas en la causa.

Desde la unidad fiscal de Delitos Económicos, Narvaez destacó que, si bien los tres acusados son investigados desde el año pasado, a partir de los allanamientos realizados la semana pasada y de nuevos testimonios obtenidos en el último mes, se constató que han desplegado maniobras de entorpecimiento de la investigación. Por este motivo pidió 8 meses de prisión preventiva para los tres.

El fiscal del caso relató que entre junio y julio de este año, cuatro de las personas imputadas se presentaron en el Ministerio Público Fiscal y afirmaron haber sufrido maniobras de “manipulación y amedrentamiento” por parte de los imputados y del abogado que originalmente los representó.

En la audiencia realizada hoy, Osuna y Sanz fueron representados por la defensa oficial, mientras que Soiza presentó a un abogado particular. Por el momento, la estrategia de cara a la medida cautelar fue similar y en todos los casos plantearon alternativas a la detención.

Por la fiscalía, Narvaez intervino junto a la asistente letrada Tanya Cid y la agente Agustina Jara. Gustavo Kohon, en representación de la fiscalía de Estado, adhirió a los planteos del Ministerio Público Fiscal.

Tras escuchar a las partes y luego de un cuarto intermedio de una hora, el juez a cargo de la audiencia desestimó los planteos de las defensas y ordenó la prisión preventiva  para los tres ex funcionarios, aunque consideró suficiente el plazo de 4 meses.

La causa

La medida se enmarca en la investigación por la cual el 29 de noviembre de 2022, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli  formuló cargos contra 19 personas. Les imputó integrar, con distintos niveles de participación, una asociación ilícita orientada a quedarse con fondos públicos que tenían como destino original atender situaciones de vulnerabilidad producto de la desocupación.

Al momento de los hechos, Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. Según la investigación, intervino como “jefe” de la organización; tenía dos colaboradores directos en la ejecución de las maniobras delictivas: Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo.