Al principio del debate la funcionaria de la fiscalía también había acusado a A. M., otro efectivo policial que intervino en el procedimiento, pero tras el juicio la fiscal Rivero retiró la acusación en su contra.

El delito por el cual la representante del Ministerio Público Fiscal requirió la declaración de responsabilidad es vejaciones calificadas por la violencia ejercida, en carácter de autor (artículos 45, 144 bis inciso 2 y 142 inciso 1 del Código Penal).

La teoría del caso que acredito la fiscalía en el juicio fue que el hecho ocurrió el 30 de julio de 2020 cerca de las 2:15, en la ciudad de San Martin de los Andes y en el marco de un procedimiento policial en el que se investigaba la posible comisión de un delito. El cabo F. G. F. y el cabo primero A. M., que pertenecían a la Comisaría 23, identificaron a dos personas en cercanías a la pasarela del arroyo Pocahullo del casco céntrico de la ciudad. Les ordenaron que colocaran las manos contra el móvil y mientras A. M., inmovilizó a uno de ellos sosteniéndolo por la espalda, el cabo F. lo golpeó con un fierro en la cabeza provocándole una herida cortante.

La jueza encargada de juzgar el caso resolvió declarar la responsabilidad penal de F. por los delitos que la fiscalía le atribuyó y absolver a A. M.

La magistrada comunicó a las partes que remitirá la sentencia completa con los argumentos por los cuales arribó a su decisión, dentro del plazo legal de cinco días.

Durante todo el debate la fiscal del caso contó con la asistencia de la funcionaria de la fiscalía Gisela Entre Ríos.

El hecho fue juzgado por un tribunal unipersonal y la prueba se produjo en base a testimonios presenciales como el de la víctima y el joven que lo acompañaba, convenciones probatorias y testimonios de peritos y efectivos policiales.