Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2019, en distintas viviendas en las cuales el acusado cometió los abusos, aprovechando la situación de convivencia. El acusado, J.R.V, reconoció ser el autor de esos abusos.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que la víctima fue consultada respecto del acuerdo y que manifestó su conformidad.

La fiscalía encuadró los hechos en el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente, perpetrado en forma continuada, en calidad de autor (artículo 119, cuarto párrafo, incisos B y F, en función del 119, tercer párrafo).

El acuerdo de responsabilidad fue presentado oportunamente por el fiscal jefe Fernando Rubio, por el querellante institucional en representación de la víctima y por el defensor del acusado. Los términos fueron homologados durante una audiencia realizada el 26 de julio, en la que se anticipó también que las partes solicitarían una pena de 8 años y 6 meses.

En la audiencia de hoy, el fiscal del caso Adrián de Lillo y la asistente letrada Lucila Maggiora formalizaron el pedido y, por mayoría, el tribunal integrado por un juez y dos juezas resolvió imponer la pena solicitada. En los tres votos -una de las magistradas votó por la nulidad del pedido- se plantearon objeciones respecto del abordaje del caso por parte de la acusación respecto de cuestiones relacionadas con la perspectiva de género y de niñez.