
El Concejo Deliberante aprobó darle diligencia a la presentación de juicio político contra el intendente municipal
Marcela Barrientos
Lo ocurrido ayer en el Concejo Deliberante trajo más confusión que certezas. La presentación de una denuncia para abrir un juicio político contra el intendente municipal Carlos Saloniti, implica, por el momento, darle aprobación para comenzar el proceso que tiene varias instancias y culmina con la votación del cuerpo de ediles, para realizar o no un juicio político contra el jefe comunal.
Según la Carta Órganica, y en el marco de un juicio político que debe llevar a cabo el Concejo Deliberante, el intendente puede ser destituído por 5 causales:
1° Sentencia firme por comisión de delitos dolosos
2° Sentencia firme por comisión de delitos culposos de incidencia funcional en el ejercicio del cargo.
3° Mal desempeño de la función.
4° Incumplimiento de su cargo.
5° Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
En este sentido, lo que ocurrió en la última sesión del Concejo Deliberante, con la aprobación de recepción y diligencia a la denuncia presentada por una vecina, el cuerpo de ediles declaró que hay mérito para declarar abierto el procedimiento de juicio político.
Los pasos que continúan con el proceso implican en primera instancia, convocar al intendente a una sesión especial, que ya fue aprobada en el día de ayer para el 03 de septiembre, para garantizarle el derecho de defensa. Luego de ser escuchado el denunciado, el Concejo Deliberante, resolverá por el voto de los dos tercios de sus miembros respecto de llevar adelante el procedimiento, o en su defecto desestimar el mismo.
En caso de que las actuaciones prosigan el curso de un juicio político, se deberá suspender preventivamente a la autoridad o funcionario denunciado, mientras se desarrolla el juicio político.
En este sentido, lo que se aprobó el día de ayer, fue el comienzo de un posible juicio político contra el intendente municipal, por lo que ahora resta esperar su descargo en la sesión especial y la votación del cuerpo de ediles, que deberá ser de dos tercios para avanzar en un juicio político.


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