Marcela Barrientos
Todo ocurrió el 18 de agosto, en el barrio Chacra 30 de San Martín de los Andes, cuando de acuerdo a la información recabada por la fiscalía, el agresor sólo pudo lograr que el último de los 6 disparos se efectuara. Los otros cinco, por razones ajenas a su voluntad, no salieron del arma.
Cerca de las 19:30, la víctima caminaba junto a un familiar por calle Cerro Wayle e ingresó a la plaza del Sol, donde se encontró con el imputado, con quien mantenía conflictos previos. En ese momento, J.E.L. se aproximó y le advirtió: “Te voy a matar”. Luego extrajo de su campera un arma calibre 22 con tambor plateado y gatilló en cinco ocasiones a corta distancia, sin que se produjeran detonaciones.
Al notar la falla que impidió los disparos, la víctima se abalanzó sobre el agresor para intentar desarmarlo. Fue entonces que el imputado gatilló por sexta vez, produciéndose un disparo que de igual modo falló. Luego, J.E.L escapó en dirección a su vivienda, donde tras un allanamiento solicitado por la fiscalía, fue detenido el martes por la tarde.
La conducta del imputado fue calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa (artículos 79, 41 bis y 42 del Código Penal).
Scordo y Lucero pidieron 3 meses para completar la investigación y el mismo plazo de prisión preventiva, a partir el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de proteger a víctima y a testigos.
“El imputado gatilló cinco veces, sin éxito; luego gatilló una sexta vez y salió un disparo. Si lo pensamos desde los riesgos procesales, tenemos claramente un riesgo sobre la integridad de la víctima”, explicó el fiscal del caso, quien también destacó que el riesgo de entorpecimiento del proceso se presenta en la necesidad de resguardar a los testigos y en que ocultó el arma utilizada.
La jueza Laura Barbé consultó respecto de la disponibilidad de alojamiento para el imputado y el fiscal informó que, de acuerdo con las comunicaciones mantenidas con autoridades del Poder Ejecutivo, podría ser derivado a una comisaría de Zapala. Así, la magistrada tuvo por formulados los cargos y dictó la medida cautelar, aunque por un mes.
