Marcela Barrientos
La iniciativa, impulsada por el legislador Fernando Frugoni (ARI-Cambiemos), propone que los responsables de estos accidentes reintegren al Estado los costos derivados de su atención médica, la asistencia de fuerzas de seguridad y bomberos, así como los gastos administrativos generados por el siniestro.
El proyecto establece que los ministerios de Salud y Seguridad serán los encargados de fijar los costos correspondientes a cada caso. Además, contempla la obligatoriedad de capacitaciones en seguridad vial para los infractores. Frugoni enfatizó que la medida busca que “quien conduce un vehículo alcoholizado o drogado, o ambos, se haga cargo de los gastos que le provoca al Estado, el despliegue de la fuerza policial y los bomberos”.
Durante la discusión el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) expresó su preocupación por la posibilidad de que la ley abra la puerta a cobros por afecciones autoinducidas, comparando el alcoholismo con la obesidad y cuestionando si en el futuro se podría cobrar a un paciente por un atracón que lo lleve al hospital. Otros legisladores, como Ariel Bernatene (UCR), señalaron dudas conceptuales, argumentando que las sociedades generan sus propias patologías y que las adicciones son producto del malestar en la cultura.
El legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor sea establecida por la autoridad judicial competente, mientras que Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) sugirió que la provincia debería presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.
