
San Martín de los Andes: se escondió bajo la cama y cuando llegó su ex la violó y huyó
Marcela Barrientos
Por pedido de la asistente letrada Inés Gerez y del fiscal del caso Adrián De Lillo, un tribunal colegiado declaró a un hombre, A.I.K, penalmente responsable por abusar sexualmente de su expareja en la ciudad de San Martín de los Andes.
Los jueces que juzgaron el caso resolvieron por mayoría, declarar al imputado responsable y le atribuyeron, por unanimidad, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en carácter de autor (artículos 119 tercer y cuarto párrafos inciso “d” y 45 del Código Penal).
En el alegato de clausura al debate, la asistente letrada Inés Gerez había indicado que tras le juicio, el Ministerio Público Fiscal “probó tanto la materialidad del hecho como la autoría” y le había atribuido los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas por el uso de arma, privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con el fin de obligar a la víctima a tolerar algo contra su voluntad (abuso sexual), abuso sexual doblemente agravado por haber sido cometido utilizando medios análogos y con el uso de armas y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por cometerse con armas, todo en concurso real y en calidad de autor (artículos 119, segundo, tercer y cuarto párrafo inciso segundo, 142 bis primer párrafo segundo y tercer supuesto, 149 bis primer párrafo segundo supuesto, 150, 45 y 55 del Código Penal).
Los magistrados que integraron el tribunal dieron a conocer su resolución luego de un cuarto intermedio desde el viernes, cuando concluyó el juicio que demandó tres jornadas.
La teoría del caso que acreditó la fiscalía fue que el 20 de julio de 2021, antes de las 00:30, A.I.K, ingresó al domicilio de una mujer que era su expareja ubicado en la ciudad de San Martín de los Andes. Una vez allí se escondió debajo de la cama y luego ante la presencia de la mujer salió y la abusó sexualmente. Finalmente el imputado se dio a la fuga.
En los próximos días, la oficina judicial deberá fijar la fecha para la realización del juicio de cesura en donde se determinará la pena que le corresponde cumplir al ahora condenado.


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